El Ayuntamiento de Castelló cierra 2017 con un superávit de 17,8 millones de euros
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha dado a conocer las grandes cifras económicas del Ayuntamiento al cierre el ejercicio 2017: un superávit de 17,8 millones de euros y un remanente de 13,2 millones. La Concejalía de Gestión Municipal dará cuenta en el pleno del jueves de la liquidación del presupuesto. En este periodo, la inversión anual por habitante ha sido de 1.046 euros, la mayor de la década, lo que según Marco, significa que “el Gobierno municipal ha puesto a las personas en el eje de todas sus políticas”.
Marco ha incidido en que “el buen estado de las cuentas municipales se ha conseguido al mismo tiempo que se potencian las inversiones, se recorta el endeudamiento municipal, se contiene la presión fiscal y mejora el gasto social y de empleo”. En 2017 se invirtieron 17,05 millones de euros (frente a los 7,1 del 2014) y la deuda ha bajado a 50 millones (el 29,9% de los ingresos corrientes). El porcentaje de ejecución de los ingresos ha sido del 85% y el de gastos, un 86%. Se trata del tercer mejor resultado presupuestario desde 2004.
“La política económica impulsada por el Gobierno municipal en estos casi tres años ha roto el mito de que la derecha es una buena gestora”, ha indicado Marco. El PP se comprometió en el pleno municipal del 30 de octubre de 2014 a dejar la deuda en el 36,6%. Sin embargo, las políticas económicas del Gobierno de progreso han conseguido un recorte de casi 7 puntos más. “La reducción de los gastos financieros permite destinar más fondos a las políticas sociales y de dinamización de la economía”, ha añadido.
Con el remanente, el Gobierno municipal seguirá manteniendo el ritmo inversor y, al mismo tiempo, amortizará aún más la deuda a largo plazo. El concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, ha recalcado que el Gobierno central limita la reinversión del superávit y obliga a los ayuntamientos a destinarlo a pagar las deudas o, en todo caso, impulsar las denominadas inversiones financieramente sostenibles, es decir, que no generen gasto corriente. Otra limitación es la regla del gasto que impone Madrid, que no permite destinar todo el remanente a inversiones.
Lorenzo ha destacado también el estado de la tesorería, que a finales de año tenía 29,1 millones en fondos líquidos. Con esa cantidad, se ha podido maniobrar para bajar el periodo medio de pago a las empresas proveedoras del Ayuntamiento. En diciembre se pagó las facturas a los 8,8 días de haber transcurrido el plazo legal desde su presentación en el registro. “Detrás de una empresa, hay trabajadores y familias, y nuestra obligación pagar cuanto antes para ayudarles a que su economía vaya bien”, ha afirmado.
El superávit es la diferencia entre los ingresos y los gastos al cierre del ejercicio. El remanente es el resultado de descontar las obligaciones pendientes de aplicación al presupuesto (las denominadas facturas en el cajón), y el pago de las inversiones financieramente sostenibles de 2017, así como la amortización de la deuda obligada por mandato legal. A pesar de cumplir con los objetivos de déficit, el Gobierno impide que el remanente se pueda reinvertir en su totalidad, al existir restricciones legales en lo relativo a la estabilidad presupuestaria. El Ayuntamiento está sujeto, también, al cumplimiento de un plan de ajuste que tiene vigencia hasta 2022, a causa de la ayuda financiera que prestó el Gobierno en 2012.
