Costas rechaza las alegaciones vecinales para salvar Torre la Sal

La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha rechazado las alegaciones presentadas por las personas afectadas y por el Ayuntamiento de Cabanes por la amenaza del Gobierno de ocupar sus posesiones en el Poblado de la Torre de la Sal, sobre el expediente de recuperación posesoria por ocupación del dominio público marítimo-terrestre en el poblado marítimo.

Tanto la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, como el senador de Compromís, Carles Mulet, han mostrado su total disconformidad ante la resolución administrativa sobre Torre de La Sal y se reafirman en la regularización.

Así, Martí ha mostrado su “total disconformidad ante la contestación administrativa realizada por Costas, ya que no han admitido a trámite las alegaciones presentadas” y ha anunciado que “el equipo de gobierno va a continuar luchando al lado de los vecinos para que se regularice la situación de Torre de La Sal”. “Llegaremos hasta donde haga falta” ha sentenciado Martí.

La alcaldesa ha explicado que, lamentablemente, “sabíamos que esta contestación podía llegar ya que existe una sentencia firme del Tribunal Supremo de 2003 que deja claro que el poblado de Torre de La Sal se encuentra dentro del dominio público, por ello hemos estado estudiando todas las vías administrativas y legales posibles, por si llegaba este momento”.

Sin embargo, Martí ha querido dejar claro, que esto no significa que se vayan a tocar estas viviendas, “estamos ante un expediente administrativo y jurídico complejo y lo que no se puede es hacer afirmaciones simplistas con el único objetivo de alarmar a la ciudadanía. El objetivo de este expediente es cumplir con la ley y acabar con una situación muy irregular que se ha arrastrado durante 18 años, ya que cuando el Tribunal Supremo ratificó el deslinde en 2003 debería haberse iniciado un proceso de regularización de estas viviendas que no se llevó a cabo, sin que nadie sea capaz de dar una explicación al respecto, lo que nos ha llevado a la situación actual”.

En este sentido, Virginia Martí también ha querido hacer hincapié en que “los vecinos de Torre de La Sal tienen derechos sobre sus viviendas y por ello se abren una serie de vías jurídicas que estudiaremos para ver cuál es la más beneficiosa para todos los afectados”. “Desde el consistorio no vamos a parar de trabajar hasta encontrar la mejor solución y vamos a estar al lado de los vecinos, como lo hemos estado desde el primer momento”, ha añadido la alcaldesa.

La primera edil, que ha trasladado personalmente a los vecinos afectados por este expediente la contestación recibida por el consistorio, ha anunciado que ya ha solicitado una reunión urgente con la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana para explorar todas las posibilidades y ha manifestado su intención de convocar una junta de portavoces urgente para presentar una declaración institucional en el pleno que se celebrará el próximo jueves, con el objetivo de mostrar el apoyo incondicional del ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Torre de La Sal.

Compromís pide un nuevo deslinde

Mulet ha afirmado que si ahora la excusa del Ministerio del PSOE es que el poblado está dentro del deslinde que se hizo en su día de manera torticera y a traición tal y como puede verse en su trazado, variado su lógica para afectar a las viviendas, hay que empezar de nuevo “ nosotros damos la razón a los vecinos en que se tramitó incorrectamente, el Gobierno no ha podido demostrar que se las personas afectadas hayan recibido notificación alguna de la incoación, acto dea peo, trámite de audiencia, ni de la aprobación definitiva por Orden Ministerial del expediente de deslinde de fecha 25/05/1993, ni logran localizar la orden ministerial aprobatoria del deslinde con la que se ha de finalizar el procedimiento en el BOE.

Desde Compromís se reitera que aunque se incoó con la autorización de la Dirección General de Costas de fecha 15 de abril de 1992 y se realizó el acto de apeo con fecha de 23 de septiembre de 1992, jamás se aprobó el deslinde quedándose en trámites intermedios (actos preparatorios de la decisión final mediante O.M.). La única resolución que existe es la de la Dirección General aprobando el acta y los planos que, por supuesto, no finaliza el procedimiento.

Mulet pidió copia de todas las notificaciones que la Administración General del Estado haya enviado a los titulares de los terrenos, solares, viales y viviendas afectadas por este expediente de recuperación posesoria por ocupación y uso abusivo del dominio público marítimo terrestre en el núcleo costero de Torre de la Sal (término municipal de Cabanes) Castelló desde el supuesto deslinde de 1975 hasta la actualidad, y copia de Copia del expediente administrativo completa y foliada y certificada ó cotejada por funcionario habilitado para ello.

En lugar de aportar esta documentación, inexistente, se limitan a invitar a la consulta en las oficinas del Servicio Provincial de Costas en Castelló “claro que vamos a ir, para demostrar que no existe nada”

Para el senador valencianista “el Gobierno se enroca en que el deslinde se tramitó bien, nosotros en que no, y eso terminará en los tribunales, pero tenga quien tenga razón, no existe impedimento alguno para practicar en esta zona un nuevo deslinde, que se pudo hacer bien o mal burocráticamente ( hecho que puede llevar a la nulidad) pero de manera arbitraria e injusta.

Si costas entiende que el deslinde consiste en identificar qué terrenos reúnen las características descritas para el DPMT en la Ley de Costas, para establecer cuál es el límite que los separa de la propiedad privada, operación según ellos puramente técnica para reconocer si los terrenos se ajustan físicamente a las definiciones establecidas en la Ley de Costas. En el propio formulario de la Dirección General de la Costa y el Mar afirma que esta “ni puede decidir no hacer los deslindes, ni tampoco puede elegir libremente por dónde desea que discurra la línea que deslinda el DPMT de los terrenos de propiedad privada colindantes con él” . O sea, nada impide hacer un nuevo deslinde ante las dudas de la legalidad del primero y la evidencia de la injusticia de su diseño y ante la necesidad de una poblado de gran valor etnológico com el de la Torre de la Sal

Según Mulet “ el artículo 11 de la ley de costas afirma que para la determinación del dominio público marítimo-terrestre se practicarán por la Administración del Estado los oportunos deslindes, no limitando estos a uno exclusivamente, igualmente, esta ley remarca que los deslindes se incoaran de oficio o a petición de cualquier persona interesada, y será aprobado por la Administración del Estado. El artículo 13 bis expone que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre.

Para el senador de Compromís “ si el Gobierno del PSOE quiere, se puede abrir un nuevo proceso, que determine un nuevo deslinde de las playas de Cabanes, continuar con este expediente de ocupación posesoria es una auténtica barbaridad, que seguramente atiende a los intereses urbanísticos ubicados detrás del poblado, que trajeron al municipio por parte del PSOE y que han sido el origen de todos los males para este poblado, que ya se vio amenazado cuando el PSOE aprobó el PAI a pesar de estar en la oposición, o ahora, que de nuevo llevan las riendas de este ministerio, el mismo que impulsó con dinero público la fatídica desaladora para hacer posible la aprobación del PAI que amenaza al poblado”.