Altea reafirma su compromiso con el desarrollo urbanístico dentro de la legalidad y con pleno respeto a las resoluciones judiciales
Ante las manifestaciones difundidas públicamente por la mercantil Residencial Finca Pons, S.L., el Ayuntamiento de Altea considera necesario trasladar a la ciudadanía una posición clara, serena y rigurosa. En primer lugar, debe señalarse que las pretensiones sostenidas por dicha mercantil ya han sido examinadas en sede judicial y no han sido acogidas por los tribunales. La Sentencia nº 339/2025, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante, ha desestimado el recurso interpuesto por Residencial Finca Pons, S.L. contra la resolución municipal de 11 de noviembre de 2024, declarando ajustada a Derecho la actuación del Ayuntamiento. En dicha resolución judicial se concluye expresamente que la mercantil no tiene derecho a edificar mientras no finalice el proceso de urbanización y mientras no exista la programación urbanística exigible para ello.
La propia sentencia recuerda que, aunque existan instrumentos de planeamiento, ello no atribuye por sí solo un derecho inmediato a edificar, siendo necesario que la urbanización esté completada. Igualmente, el fallo judicial considera conforme a Derecho la inadmisión de la solicitud de licencia presentada por la mercantil.
Asimismo, la resolución judicial recoge que el anterior programa urbanístico fue resuelto por acuerdo plenario de 22 de junio de 2017 y que, a partir de ese momento, resultaba necesaria una nueva programación del sector, hecho que se está llevando a cabo en la actualidad por la agrupación de interés urbanístico del sector, a la cual la mercantil denunciante no se ha querido adherir.
Por ello, no es correcto trasladar a la opinión pública que el Ayuntamiento actúa al margen del Derecho o en contra del desarrollo de este ámbito. Muy al contrario, esta Corporación es la primera interesada en que Altea crezca de forma ordenada, segura y generadora de oportunidades. También conviene recordar que el propio comunicado difundido por la mercantil sostiene una interpretación de los hechos y del sector que no coincide con la realidad jurídica declarada judicialmente, llegando incluso a presentar como “solución viable” una vía que no ha sido aceptada por el Ayuntamiento ni respaldada por la resolución judicial aportada.
El Ayuntamiento de Altea seguirá trabajando para que los proyectos que puedan aportar valor al municipio salgan adelante, pero lo hará con la responsabilidad que exige la función pública: sometimiento pleno a la ley, respeto a los procedimientos urbanísticos y lealtad a las resoluciones judiciales.
Mientras la aprobación definitiva del Plan General Estructural se encuentra pendiente, la actuación municipal debe ajustarse al marco normativo y a la situación jurídica real del sector, sin crear falsas expectativas ni alimentar una confusión que no beneficia ni al interés general ni a la seguridad jurídica.
Altea quiere inversión, quiere actividad y quiere futuro. Pero lo quiere con legalidad, con seguridad jurídica y con respeto a las reglas que garantizan un desarrollo urbanístico serio, estable y justo para todos.
