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El PP de Almassora pide legislar para proteger los derechos de propietarios frente a okupas

El PP de Almassora pide legislar para proteger los derechos de propietarios frente a okupas
  • “En Almassora se dan casos de vecinos que después de ahorrar toda su vida para adquirir una vivienda ven cómo sus derechos resultan pisoteados”, afirma Blay Casino

El Partido Popular en Almassora ha lamentado que PSOE y Compromís rechacen legislar contra el delito de la ocupación ilegal de viviendas después de que en la localidad “tengamos constancia de que hay casos que sufren los propietarios que se sienten indefensos ante una ley que no protege sus derechos”.

Tal y como ha señalado Vicente Blay Casino Serra, concejal del PP en Almassora, “hace casi dos años, el Partido Popular presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para aprobar una nueva ley que refuerce el actual marco legal que deja desamparado al propietario”.

En la actualidad, “la legislación protege antes a quien delinque para ocupar una casa que a quien es su propietario por derecho. En efecto, muchos vecinos se han visto obligados a esperar durante años al desalojo de quienes ocuparon de forma ilegal un inmueble porque a quien delinque le resulta muy económico pagar la multa”. Así las cosas, “lo que el PP propone es una Ley de Desahucio Exprés o Ley Antiokupas que plantee el desalojo de quien comete este delito en un plazo de 24 horas y que la pena se refuerce con privación de libertad, de 1 a 3 años”, ha recordado el concejal.

Porque, tal y como explica el regidor, “lo que no se entiende es que quien decide ocupar una vivienda de forma ilegal, tenga incluso la posibilidad de solicitar ayudas a nivel municipal mientras el leso propietario se ve indefenso”.

Así las cosas, para Blay resulta “imprescindible reformular la ley y garantizar los derechos fundamentales de propiedad e inviolabilidad domiciliaria”, mientras en paralelo se trabaja “en garantizar un parque de viviendas suficiente para las personas con bajos recursos, así como garantizar ayudas a las familias que tengan problemas habitacionales. Merecen toda nuestra atención y hemos de garantizar esa atención sin que para ello se deba amparar un delito”.

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