El sindicato JUPOL pide investigar al jefe de la Policía Nacional en la Comunitat por los controles en el aeropuerto para identificar a los inmigrantes irregulares
Piden que un juez determine si la decisión del mando policial se ajusta a derecho, obligando a los funcionarios a cumplir estas instrucciones que pueden derivar en denuncias de los inmigrantes
El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha presentado una denuncia en los juzgados para que se investigue y acredite las razones por las que Jorge Zurita, jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana ha ordenado que establezcan controles policiales a los diferentes vuelos y buques con procedencia de las Islas Canarias y las Islas Baleares, con el fin de controlar e identificar a aquellos inmigrantes que pudieran haber llegado irregularmente en pateras o cayucos.
En opinión de Sebastián Gómez, secretario regional de JUPOL en la Comunidad Valencia “la excusa esgrimida por el mando policial es que estos viajeros ignoran las prohibiciones sanitarias de confinamiento perimetral que existen en esta región al pretender llegar a la península para establecerse o trasladarse a otros países europeos”.
En la denuncia se pone de manifiesto que las instrucciones dadas a los efectivos policiales podrían ser irregulares, ya que estos desplazamientos -denominados internos nacionales- no están sujetos a controles policiales al no producirse el cruce de frontera alguna.
Y el segundo motivo sería que en el caso de ser cierto que la finalidad de esta medida es hacer efectivo el actual cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, estos controles no deberían limitarse únicamente a los procedentes de Canarias y Baleares, ni únicamente dirigido a los posibles inmigrantes, sino que debería realizarse sobre todos los desplazamientos que tuvieran su origen fuera de la región y sobre todos sus viajeros.
Además ha indicado, “que con la decisión adoptada por el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana se podría dejar desprotegidos jurídicamente a los funcionarios policiales encargados de llevar a cabo los controles ordenados y muy especialmente a los responsables de los puestos fronterizos y Unidades de Extranjería afectados, ante posibles denuncias o acciones legales por parte de los inmigrantes u organizaciones no gubernamentales de apoyo a estas personas”. El secretario regional de JUPOL en la Comunidad Valencia, Sebastián Gómez lamenta “que hayamos tenido que acudir a la tutela de los tribunales para que se aclare los términos legales de esta imposición y por tanto resuelva esta compleja situación”.
