Calabuig aboga por la unidad de todos los grupos políticos para exigir que se revoque el cierre de RTVV

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha abogado hoy por la unidad de todos los grupos políticos para exigir a la Generalitat que revoque el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV), a través de la moción que su formación ha registrado esta mañana para que se debata en el próximo pleno municipal.

Calabuig ha remarcado que el cierre de RTVV “certifica el hundimiento del gobierno del Partido Popular” al que ha acusado de “colapsar” la Generalitat Valenciana “por la deuda y los casos de corrupción”. Además, ha hecho hincapié en que el cierre de ente público supone “la renuncia al desarrollo del autogobierno valenciano y la pérdida de un derecho identitario como pueblo que atenta contra nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras señas de identidad”, así como “también impide nuestro desarrollo económico y social”.

Ha considerado que la deuda de “más de 1.300 millones de euros que tendremos que pagar entre todos y todas es la consecuencia directa de la nefasta gestión del Partido Popular que ha utilizado durante casi dos décadas RTVV como instrumento a favor de sus propios intereses partidistas”.

“Hoy cuando ya está ahogada por la deuda y no pueden sacar más rédito político la cierran culpando de forma vergonzosa a los trabajadores y trabajadoras y queriendo queriendonos hacer creer que lo hacen para no cerrer escuelas y hospitales”, ha expuesto.

La moción, que se enmarca dentro de una acción del PSPV-PSOE para que todos los ayuntamientos de la Comunitat registren esta iniciativa en defensa de la televisión pública, propone “revocar con carácter inmediato la decisión de la Generalitat de cerrar RTVV”.

Asimismo, también reclama establecer “medidas de diálogo junto con el resto de fuerzas políticas de las Corts, el Consejo de Administración del ente público y representantes de los trabajadores, para garantizar su viabilidad y continuidad”.

De la misma forma, la moción exige “responsabilidades políticas y judiciales por el grave perjuicio que se ha producido como consecuencia del malbaratamiento del dinero público”, así como “notificar el acuerdo para que sea tomado en consideración a la mesa de las Corts y a la Generalitat”.