El juez desestima el recurso de González Móstoles y dictamina que se ha acatado la obligación de paralizar las actuaciones en el Cabanyal
“Nuevamente la Justicia le da la razón al Ayuntamiento”, ha dicho la Alcaldesa refiriéndose a este pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que ha calificado como uno más “de los continuados varapalos” que los Tribunales están dando al Grupo Socialista. En el caso de El Cabanyal, Rita Barberá ha recordado que son doce las sentencias favorables al PEPRI de El Cabanyal, nueve de ellas dictadas por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras tres por el Tribunal Supremo.
En este último caso, la Alcaldesa ha destacado que el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que acuerda archivar este recurso “sin más trámite” contiene un razonamiento jurídico en el que se afirma que “la Orden Ministerial del Ministerio de Cultura declaró la obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal-Canyamelar, y dicha obligación ha sido acatada por el Ayuntamiento”.
La Alcaldesa ha insistido en este aspecto de que el Ayuntamiento ha cumplido la orden ministerial que obliga a la suspensión de la actuación urbanística, tal y como ha estimado el juez, y reitera que “la única responsable de la paralización es la Ministra González Sinde”.
Por su parte, el Primer Teniente de Alcalde, Alfonso Grau, ha acusado al Grupo Municipal Socialista de “incongruencia en sus actuaciones”, argumentando que la Orden Ministerial declarando el expolio que trajo consigo la paralización de actuaciones llegó seis meses después de que en el Ayuntamiento se solicitase “exactamente lo mismo”. Sin embargo, seis meses después de la orden ministerial de diciembre de 2009 “se pide justo lo contrario, que se concedan licencias para reformar viviendas”.
En su opinión, “cuando se dan cuenta de la barbaridad, entonces pretenden que se den licencias. Primero piden una cosa y después otra. Han mareado la perdiz, pero el auto judicial que hemos conocido hoy lo aclara, y el juzgado les dice que nosotros lo que estamos haciendo es acatar la orden ministerial, cumplirla”.
La Alcaldesa Rita Barberá ha insistido en que el Ayuntamiento “ha actuado con absoluta legalidad en todo”, y ha vuelto acusar al Gobierno de España de haber elevado a “dimensión nacional” la actuación en El Cabanyal. “Han actuado con incoherencia, mentiras y ganas de disimular, pero no podemos olvidar que hay cinco elecciones ganadas por un partido, el mío, que llevaba negro sobre blanco en su programa electoral la prolongación de El Cabanyal. Este PEPRI ha sido aprobado en todas las instancias administrativas que avalan su legalidad, y también por doce sentencias judiciales. Ellos dan golpes de BOE.; ese es el sello arbitrario de la forma de actuar del Gobierno, que está haciendo lo imposible para paralizar todas las actuaciones”.
Una vez más, la Alcaldesa ha recordado que, cuando gobernaba, el PSOE paralizó la prolongación de Blasco Ibáñez y la dejo en planeamiento diferido, “pese a que lo consideraba un objetivo irrenunciable”. Frente a esa actitud –ha afirmado- “nosotros cuando asumimos el poder empezamos a trabajar y sufrir presiones violentas, y las consecuencias del sometimiento del Gobierno Central a una organización que ha ejercido acciones violentas”.
En esta comparecencia informativa la Alcaldesa se ha remitido a lo dicho en el Pleno de hoy en cuanto a la petición del Grupo Socialista de que se le quiten las competencias al Delegado de Urbanismo, Jorge Bellver, y también en relación con las ayudas municipales a un presunto sacerdote.
