El gobierno local se compromete a recuperar el empleo público en el ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento ha "ratificado el compromiso del Govern de la Nau de ir recuperando en la medida de las disponibilidades presupuestarias el empleo público en nuestro ayuntamiento y, en especial, en el Área de Protección Ciudadana". Y asimismo, ha aprobado una "reprobación de la nefasta gestión en políticas de personal y, especialmente, en el área de protección ciudadana, llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular en los últimos años".

Así lo ha defendido hoy el delegado de Gobierno Interior, Sergi Campillo, en respuesta a la moción planteada por el Grupo Municipal Popular en la sesión plenaria de hoy. El concejal popular Félix Crespo había propuesto incluir 40 plazas de bombero y 80 plazas de agente de Policía Local en la oferta de empleo público del 2017, así como activar "de manera urgente los trámites de la oferta pública de empleo del 2016 y del 2015", en palabras del edil.

Crespo se ha centrado en las mejoras que se derivarán de la nueva legislación sobre las policías locales, y ha criticado la política de gestión de personal en el Área de Protección Ciudadana. Además, ha acusado al gobierno local de mirar hacia otro lado "mientras el tiempo de espera se empieza a agotar y las plantillas de Policía Local y Bomberos están mermando cada año". En parecidos términos se ha manifestado la concejala María Jiménez, del Grupo Ciudadanos, que ha alertado sobre las carencias de la plantilla de la Policía Local.

En su turno de réplica, el delegado de Personal, Sergi Campillo, ha asegurado que la merma de la plantilla es el resultado, precisamente, de la gestión del Partido Popular durante muchos años, y ha tachado la propuesta de los populares de "caradura, por plantear esta moción "cuando en los últimos 9 años no convocaron ni una sola plaza de policías". El edil ha ilustrado con datos sus afirmaciones: en 2010, la plantilla ocupada del Ayuntamiento de Valencia ascendía a 5.377 empleados públicos; en 2015 era de 4.810; en 2016, de 4.707. "Y ya en 2017, después del primer año y medio del Govern de la Nau, esta cifra ha ascendido a 4.846, rompiendo la tendencia negativa por primera vez desde 2010".

"Esta bajada general en el número de empleados –ha explicado Campillo– viene motivada por la denominada tasa de reposición de efectivos, que impide cubrir ni si quiera el 100 % de las bajas del ejercicio anterior, además de porque el anterior gobierno municipal del PP no quiso convocar ni siquiera las plazas para cubrir las que permitía el Gobierno central".

"En el caso concreto de la Policía Local y Bomberos –ha añadido– esto ha sido más grave porque, pese a que durante muchos años se permitió convocar plazas bien de manera libre (2007-2008) bien con limitaciones (2009-2013), el gobierno local del PP decidió conscientemente no convocar ni una sola plaza de agentes de Policía Local ni de Bomberos. Solo el año 2008 se aprobó una oferta de 55 jefes de bombero, que se nombraron 4 años después, en 2012." "En 2014 y 2015 –ha continuado Campillo– el PP aprobó dos ofertas más, pero no las convocaron, y ha sido este gobierno quien ha debido llevar a cabo los dos procesos selectivos: el primero, ya finalizado, y el segundo, en proceso y que, presumiblemente, finalizará este mismo año".

"TENEMOS CAPACIDAD Y VOLUNTAD DE CONVOCAR PLAZAS, PERO EL GOBIERNO CENTRAL, DEL PP, LO IMPIDE"

Sergi Campillo se ha hecho eco de las reivindicaciones en este sentido de las Jornadas Municipalistas celebradas en Valencia la semana pasada, en las que más de 70 ciudades de todo el espectro político rubricaron la llamada "Declaración de València". En ella se recoge que "los gobiernos locales son entes políticos que prestan servicios públicos esenciales desde la proximidad, amparados en el principio constitucional de autonomía. Como tales, requieren de un sistema de financiación estable que garantice la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos en el marco de sus competencias, al menos al mismo nivel que el resto de los gobiernos territoriales. En consecuencia, como punto de partida esencial, la reforma del sistema de financiación local no puede verse postergada ni supeditada a la reforma del modelo autonómico, sino que debe abordarse conjuntamente con este en el marco de una reforma global de la financiación del sector público".

"Es hora de acabar con las restricciones que impiden a nuestra administración local poder convocar ofertas de empleo público con libertad –ha afirmado Sergi Campillo– y, además, es hora también de reclamar una financiación adecuada para poder llevar a cabo las políticas que democráticamente han sido elegidas por nuestros vecinos y vecinas." De hecho, Campillo ha asegurado que actualmente, el Ayuntamiento de Valencia "tiene la voluntad y la capacidad económica para convocar plazas para Protección Ciudadana, pero es el Gobierno del PP el que lo impide", y ha instado a los concejales populares a secundar la exigencia al Ejecutivo central contra la tasa de reposición actual.

El concejal ha planteado una moción alternativa a la propuesta inicial del PP en la que, además de la reprobación de las políticas del anterior gobierno y ratificar el compromiso con la recuperación de la plantilla, el Pleno ha acordado "requerir al Gobierno central y a todas las fuerzas políticas del Parlamento para que, a través de la Ley General de Presupuestos de 2017 o instrumento jurídico adecuado, se elimine la tasa de reposición de efectivos con el fin de que se pueda acabar con la precariedad en el empleo de las administraciones públicas y se pueda garantizar la óptima prestación del servicio público y el cumplimiento de las funciones que la legislación atribuye a las corporaciones locales".

La moción alternativa planteada por Sergi Campillo ha sido respaldada por el Equipo de Gobierno, y ha salido adelante, pese a los votos en contra de los Grupos Popular y Ciudadanos.

UNA MOCIÓN YA APROBADA EN JULIO DE 2016

Durante la sesión plenaria también se ha debatido la propuesta del portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, al amparo de la anunciada salida del Reino Unido de la Unión Europea, el proceso conocido como "Brexit", y las consecuencias que puedan derivarse para las economías de los países de la Unión, y concretamente para España y para Valencia.

Giner ha propuesto que "desde el Consistorio se impulsen medidas que puedan crear un entorno adecuado que dote a la ciudad de Valencia de los atractivos suficientes para fomentar la creación de empleo sostenible y de calidad mediante la potenciación de empresas auxiliares, ya sean de prestación de servicios o de cobertura logística, facilitando que puedan aprovecharse las posibles oportunidades de negocio que se deriven de la decisión del Reino Unido de desvincularse de la Unión Europea y de que esa deslocalización llegue a España".

La propuesta ha contado con el respaldo del Grupo Popular. No obstante, la concejala de Desarrollo Económico, Sandra Gómez, la ha rechazado "porque no es sino una copia de la que el propio Equipo de Gobierno propuso al Pleno, ya ya fue debatida y aprobada en la sesión de julio del año pasado, es decir –ha matizado Gómez- hace 7 meses".

La concejala ha recordado que en esa ocasión, Ciudadanos votó en contra de la moción del Gobierno Local, y ha asegurado que "Valencia no puede estar 7 meses esperando a que este grupo político cambien de opinión". "Llegan ustedes tarde –ha afirmado Gómez- porque nosotros ya estamos haciendo cosas desde entonces, apostando por el desarrollo potencial de la economía valenciana".