Reformas en materia de justicia
Así, este departamento ha anunciado una revisión del sistema de tasas judiciales para evitar el exceso de litigiosidad y el colapso de los órganos judiciales. Esta reforma supondrá que el ciudadano que quiera recurrir una sentencia tendrá que costear el proceso a partir de la segunda instancia aunque la misma se reintegrará en el caso de que el recurso prospere. En todo caso, esta tasa, estará exenta para aquellas personas que realmente carezcan de recursos para litigar y nunca será de aplicación ni en materia penal ni social. Con ello se pretende poner fin al, a veces, abuso de la segunda instancia que provoca una considerable lentitud del servicio público y derroche de recursos, disuadiendo además a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno.
Por otra parte, la reforma de la ley del menor evitará dobles enjuiciamientos: En los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos serán investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.
También se va a llevar a cabo una reforma del Código Penal para instaurar la prisión permanente revisable en casos extremos. Esta nueva pena, de carácter excepcional y revisable, se aplicará en situaciones muy restrictivas y sólo para casos que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social. El objetivo de la misma es evitar que delincuentes no rehabilitados vuelvan a delinquir.
Asimismo, el Gobierno también va a reformar la ley del aborto para defender el derecho a la vida dentro de los términos constitucionales y exigir el consentimiento de los padres o tutores en el caso de las menores de edad que deseen abortar, aunque tengan 16 años. Con esta reforma, se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina.
Por otra parte, el ministerio de Justicia permitirá la instrucción fiscal de los delitos. Esta medida permitirá que los fiscales colaboren en los casos más sencillos o urgentes. El ministro de Justicia ha matizado que no se trata de que los Fiscales puedan instruir un proceso igual que como lo hace un juez. Y, también, la celebración de bodas y divorcios de mutuo acuerdo, en parejas que no tengan hijos, ante notario a fin de poder desatascar los Juzgados.
Además, habrá un nuevo Código mercantil que integrará la dispersa legislación mercantil existente en un único cuerpo legal debidamente coordinado. El nuevo código, que sustituirá al de 1885, garantizará la unidad de mercado y llevará la economía española a una situación de competitividad real.
Y, por su parte, el ministerio de Interior también ha planteado diversas medidas, a saber, cambios en el sistema penitenciario para acabar con la multirreincidencia; devolverá la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a un personal especializado, reservando la Policía para su misión de velar por la seguridad en esos Centros; ha anunciado que reformará la legislación penal para luchar contra la multirreincidencia, con prisión provisional cuando se cometan dos delitos de la misma especie y con mecanismos de localización permanente; una nueva Estrategia de Seguridad para dar atención prioritaria a las mujeres y los menores de manera que en la ficha policial de los detenidos por agresiones sexuales se incluya su huella genética; y, reforzar la seguridad en la red para prevenir y perseguir los delitos contra menores de los ciberdelincuentes.
Todas ellas, en fin, idóneas medidas legales para una Justicia de una nueva era.
