Vivir sin agua caliente ni luz en pleno invierno

Hay que parar y pensarlo por un momento con la cabeza fría: pleno invierno, con el cuerpo helado, infinitas ganas de llegar a casa y entrar en calor. Pero hay un problema: al cruzar el umbral enciendes el interruptor pero no hay luz. Además, intentas abrir el grifo y no sale agua. Prueba a imaginarlo. Difícil, ¿verdad? Pues esto es lo que le sucede a millones de hogares en España estos meses, concretamente cinco, según denuncia la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Es una realidad que, aunque no cope las portadas o los telediarios, sigue ocurriendo. Así lo han denunciado esta mañana las PAH en diferentes puntos de España, también en ciudades como Valencia y Elx y a las puertas de suministradoras de agua, luz y gas. El objetivo, exigir que no se corte la luz cuando haya una emergencia social: "Hablamos de servicios básicos, no es una cuestión política sino derechos humanos. No se le puede cortar la luz y el agua a alguien que no tiene para vivir", explicaba el portavoz de PAH Valencia, José Luis González, esta mañana en el centro de Valencia.

Para ello, exigen que se apruebe un Principio de Precaución por el cual no se puedan cortar los suministros básicos a familias en situación de vulnerabilidad. También se pide la aprobación de una Tarifa Social. Esto implicaría que las suministradoras asumieran el coste de las facturas que no pudieran ser afrontadas por las familias.

La Plataforma realiza estas denuncias después de que el Gobierno central recurriera ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 3 de noviembre la ley autonómica de la vivienda que garantiza los suministros básicos. Un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido a trámite. "Una vivienda es más que cuatro paredes. Una vivienda real es un hogar con acceso a suministro y es un derecho básico que debe ser accesible y asequible para todas las familias", han denunciado en un comunicado.

"No puede ser anticonstitucional avanzar en el derecho a la vivienda y garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas. Por eso, desde las PAHs valencianas han anunciado que van a impulsar la lucha para que este recurso no triunfe, mediante la aprobación de una Ley de Vivienda de la PAH que tenga carácter estatal y que haga realidad estos derechos: "Tenemos la pretensión de aunar todas las voluntades de buena fe y de combatir a quienes estén en el otro bando".

Entre los manifestantes, protagonistas de estas situaciones que se vienen denunciando, como el caso de María Encina, administrativa en paro y con dos hijos -uno de ellos discapacitado- y con una pensión de viudedad que no le permitía afrontar los gastos de agua y luz: "Éramos tres personas viviendo con 600 € y con un enfermo al que había que pagarle medicamentos. Intentamos arreglarlo pero no teníamos dinero para pagar".

Al quitarles la luz, trataron de engancharse ilegalmente: "Se vive con mucha angustia pero no hay que dejarse venir abajo, no me puedo imaginar si esto se vive con niños pequeños", lamenta María, que llegó a tener una deuda de 9.000€ por impagos. La situación, explica esta vecina de Valencia, se solucionó gracias a la mediación de la PAH y de los servicios sociales del Ayuntamiento y hoy en día la deuda está saldada.

Desde la PAH lamentan que en los últimos 12 años el precio de la luz ha subido un 83 %, mientras las empresas de suministro eléctrico acumulaban un beneficio de más de 5.500 millones. "Y por si la situación no fuera lo suficientemente grave, el gobierno del PP ha recurrido en pleno invierno la ley valenciana contra los desahucios y la emergencia habitacional. El gobierno del PP se ha convertido en el brazo protector de las suministradoras", denuncian en un comunicado.