El juzgado desestima el recurso presentado por el PP con motivo de la expulsión del portavoz Juan Amat durante el pleno de septiembre

Esta mañana el alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar a la ciudadanía el resultado del recurso que presentó el Partido Popular, al juzgado de lo contencioso-administrativo, con motivo de la expulsión del portavoz Juan Amat en el pleno ordinario del pasado 28 de septiembre.

Recordemos que los hechos se produjeron cuando el popular Amat acusó al alcalde y presidente del plenario, Enric Pla, de dirigir la sesión de forma dictatorial. Como respuesta desde la presidencia se pidió la retirada de esta acusación al considerar que era una manifestación irrespetuosa, con la consecuente amonestación, tal como marca el reglamento. Aun así el portavoz popular continuó con sus acusaciones, suponiendo dos amonestaciones más y procediendo a su expulsión.

El alcalde Pla ha destacado que "la sentencia recuerda que el presidente de la corporación, entre sus funciones durante las sesiones plenarias están las de llamar a la orden a cualquier regidor que profiera palabras o conceptos ofensivos al decoro de la corporación o sus miembros, así también cuando se hable fuera del turno de palabra o se interrumpa al resto de los representantes".

Pla ha remarcado que "según la sentencia la expulsión del regidor Amat se hizo de forma correcta después de las tres amonestaciones reglamentarias y por tanto el recurso presentado el Partido Popular se desestima". Por otro lado, señalaba que "la resolución también deja bien claro que la actuación fue proporcionada y ajustada a la legalidad vigente, con el objetivo de guardar el decoro, las formas y el respecto de los regidores durante los plenos, añadiendo que la palabra dictador no es propia de un representante político".

Para acabar el alcalde ha finalizado explicando que la sentencia desestima el recurso del contencioso–administrativo presentado por el Partido Popular, considerando que la expulsión se produjo de forma justificada, sin ninguna vulneración de derechos, además de imponer al PP los costes del proceso judicial.