Compromís rechaza el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)
El grupo municipal de Compromís per Vila-real ha presentado una moción al próximo pleno en la que solicita al Ministerio de Economía y Competitividad que no ratifique el texto del Acuerdo Económico y Comercio Global (más conocido como CETA por sus siglas en inglés), además de la suspensión de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y del Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos (TISA).
El portavoz, Xavier Ochando, ha señalado que "es un tema que nos preocupa, y mucho, ya que, además de todos los problemas que puede acarrear, se está tratando de una manera opaca y antidemocrática, de espaldas a la ciudadanía", y ha alertado del peligro que supondrá su aprobación para la economía valenciana y también vila-realense, ya que "hará mucho daño a nuestra agricultura, especialmente a los cítricos, bastante dañados ya por otros acuerdos que ya están teniendo repercusiones muy negativas".
El concejal Josep Pasqual Sancho, que será el encargado de defender la moción en el pleno ordinario del próximo lunes, ha recordado que fue el 26 de septiembre de 2014 cuando Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron la conclusión de un ambicioso acuerdo de integración económica, el CETA. "Este convenio incluía un mecanismo de solución de controversias entre inversores extranjeros y estados que podría desencadenar un auge de litigios de las empresas transnacionales contra Canadá y la UE y sus estados miembros, lo que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los gobiernos para proteger a la ciudadanía", explica Sancho. Además, señala que "el mecanismo de solución de controversias concede a las multinacionales la potestad de demandar a los países ante árbitros internacionales privados y exigirles una indemnización para adoptar salvaguardas en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas para proteger sus derechos, con el notable riesgo de que estos árbitros decanten la balanza e interpreten la ley a favor de los inversores extranjeros".
"Necesitamos unos acuerdos comerciales justos que posibiliten los derechos humanos y no la precariedad, porque este pacto va a comportar un aumento de las desigualdades y un empeoramiento de la calidad de vida y las condiciones laborales de los trabajadores", apunta, al tiempo que denuncia que "el CETA servirá para limitar la capacidad de las administraciones públicas a todos los niveles y se creará una justicia paralela a favor de las grandes empresas y no de las personas".
Por ello, asegura que "queremos que los gobernantes que sí tienen capacidad de maniobrar ante la Unión Europea nos defiendan y no ratifiquen el CETA, pero tampoco queremos que se apliquen ni el TTIP ni el TISA". Además, desde el grupo municipal se exige la convocatoria de un referéndum para que todos los ciudadanos de Europa tengan el poder de decidir sobre una cuestión que les va a afectar de lleno".
Como ejemplos, Sancho destaca la posibilidad de que el tratado "lleve a la ruina a nuestras comarcas", ya que el CETA protege 145 denominaciones de origen europeas, de las que 26 son españolas, "pero reconoce como marca los cítricos valencianos, aunque las marcas Orange Valencia o Valencia Orange serán canadienses, lo que perjudicará enormemente al mercado citrícola valenciano, será un expolio". "Este concierto supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y la sumisión total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, ya que además se persigue la liberalización de los servicios públicos, entre otras acciones, que redundarían en una menor protección al consumidor, a los trabajadores, al medio ambiente, a los derechos humanos y al espacio democrático". "Tenemos que tomar conciencia y, que quede claro que no estamos en contra del comercio libre, sino de la opacidad y el oscurantismo con el que se está tratando toda esta cuestión", asegura.
Por ello, desde Compromís per Vila-real se exige, además de no ratificar el texto, que se eliminen las referencias sobre los servicios públicos y la propiedad intelectual y que se evite la participación directa o indirecta de las multinacionales en los procesos reguladores o normativos de la UE en temas sociales, laborales, sanitarios o medioambientales. Asimismo, se solicita que el texto ya consolidado y firmado se someta a un proceso de ratificación en coherencia con la legalidad europea y que pase por el Consejo y el Parlamento Europeo y por los parlamentos de los 28 países miembros.
