Unides Podem Esquerra Unida insta a cumplir la normativa de cuentas de pago básicas para personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera
El grupo parlamentario Unides Podem Esquerra Unida ha presentado una proposición no de ley en Les Corts Valencianes en la que reclama instar al Consell a realizar una campaña de sensibilización que informe y recuerde al conjunto de las entidades bancarias su obligación con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de cuentas de pago básicas, así como su régimen gratuito para aquellas personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, con el objetivo de acabar con una mala praxis que afecta especialmente a las personas migrantes y solicitantes de asilo.
La iniciativa también reclama al Gobierno de España a emitir una instrucción e implementar las medidas necesarias para que las entidades bancarias cumplan con la normativa actualmente en vigor en materia de cuentas de pago básicas y pongan fin a posibles irregularidades que impiden, de manera indirecta, el acceso a derechos y servicios básicos, así como a reforzar los mecanismos de control y supervisión del Banco de España, como autoridad competente, con el fin de que las entidades bancarias garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas, así como ejecutar el régimen sancionador aplicable cuando sea necesario.
La diputada de Unides Podem Esquerra Unida, Irene Gómez, ha explicado que las instancias europeas han establecido el derecho de acceso general de cualquier persona a una cuenta de pago básica y ha otorgado la posibilidad de los que los Estados miembros de la Unión Europea desarrollen y apliquen una normativa dirigida a conceder unas condiciones que facilitaran el acceso de las personas más vulnerables a este instrumento con el fin de evitar su exclusión financiera y, de esta manera, promover su inclusión social.
El ordenamiento jurídico español incorporó las directrices de esta directiva a través del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, que recoge en su artículo 9.4 la posibilidad de “establecer distintos regímenes de condiciones más ventajosas en materia de comisiones en función de la especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera de los potenciales clientes”. El Gobierno de España materializó esta posibilidad mediante el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.
Sin embargo, ha criticado la diputada, “pese al impulso europeo y el recorrido normativo emprendido en nuestro país, varias organizaciones sociales han denunciado en los últimos meses que, en la práctica, se registran irregularidades a la hora de dar cumplimiento a los imperativos que se fijan en la normativa vigente, ya que algunas entidades continúan negando el acceso a estas cuentas a determinadas personas migrantes, con o sin documento de identidad, aferrándose a la Ley de prevención de blanqueo de capitales”.
Con ello, lamenta, “la población migrante, así como las personas solicitantes de asilo, se ha visto discriminada desde hace tiempo a lo largo y ancho de nuestro país por parte de un injusto funcionamiento del sector bancario que los lleva a una exclusión financiera sistémica”.
De esta manera, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha cifrado en más de 300 las incidencias recogidas por este tipo de exclusión, tanto a personas migrantes como solicitantes de asilo y refugiadas, pero advierte que la mayoría de este tipo de incidencias se encuentran ocultas, ya que en numerosas ocasiones no se produce una reclamación formal.
Por otra parte, la parlamentaria ha recordado que del acceso a una cuenta bancaria también se deriva la posibilidad de hacer efectivos otros derechos y el acceso a servicios básicos para cualquier persona. En este sentido, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica señala que la titularidad de una cuenta bancaria es, en muchos casos, una condición sin la que no se puede mantener relaciones ordinarias con ciertas entidades privadas o públicas como ocurre, por ejemplo, en el suministro básico de servicios como el gas, la luz y el agua, así como en el acceso al alquiler de una vivienda o la solicitud de rentas mínimas.
Gómez ha incidido en que las organizaciones que denuncian estos reiterativos incumplimientos “apelan a la necesidad de garantizar el acceso a estos instrumentos y requieren de soluciones urgentes por parte de los poderes públicos con el fin de evitar la exclusión financiera y social a la que se ven abocados cientos de personas y que les impiden desarrollar un proyecto de vida digno en nuestro país”.
