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Unides Podem cree que las empresas que tributan en paraísos fiscales no han de obtener ayudas públicas

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    El diputado y coordinador del grupo parlamentario de Unides Podem en Les Corts Valencianes, Ferran Martínez, ha señalado hoy que las empresas que tributan en paraísos fiscales no deberían obtener ayudas públicas para paliar las consecuencias de la Covid 19, tal como han decidido países como Dinamarca y Polonia.

    Martínez ha recordado que “desde las instituciones se ha dado un apoyo decidido para evitar el cierre de empresas. Sin embargo, las ayudas tienen que ir a parar a quien lo necesita. España debería tomar el ejemplo de Dinamarca y Polonia para no conceder ayudas a aquellas grandes empresas que evaden impuestos a través de paraísos fiscales”.

    En este sentido, se ha referido a la información que hoy publica Eldiario.es respecto al naviero Vicente Boluda, presidente del lobby de empresarios valencianos, que según este medio, ha clausurado recientemente dos sociedades instrumentales en Luxemburgo con las que una de sus empresas en España se ha embolsado un dividendo de 100 millones de euros.

    El parlamentario ha indicado que “mientras que la inmensa mayoría de los autónomos y los pequeños empresarios pagan puntualmente sus impuestos a pesar de sus dificultades, grandes empresarios de este país siguen recurriendo a las filiales en paraísos fiscales para evadir impuestos. Hay que poner límites a la voracidad de las élites económicas mediante la justicia fiscal y persiguiendo eficazmente el fraude”.

    Asimismo, ha incidido en que “nuestros sanitarios, nuestras escuelas y nuestros centros de mayores se sostienen a través de nuestros impuestos. Evadir impuestos es sinónimo de robar, de quitarle a la sociedad la capacidad de cuidar nuestros niños, nuestros enfermos y nuestros mayores”.

    Por todo ello, el parlamentario se ha preguntado “si un gran empresario con sociedades en paraísos fiscales es el más indicado para representar a la patronal valenciana que, al fin y al cabo, es un actor social reconocido con capacidad de interlocución con las instituciones y que recibe financiación pública”.

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