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Tres juzgados investigan una presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc

Tres juzgados investigan una presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc
  • Durante la campaña electoral de 2007

La justicia investiga una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, partido mayoritario en Compromís, durante la campaña electoral de 2007. La información ha sido revelada este miércoles por el diario El Mundo.

Los delitos que se investigan en ambas formaciones son los de delito electoral, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

La investigación comenzó después de que el PPCV aportara documentación a la policía. Entre esta documentación habrían facturas y correos electrónicos entre dirigentes del Bloc y del PSPV, empresarios valencianos, todo ello relacionado con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

En dichas elecciones el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera era el líder del Bloc. Un funcionamiento que sería similar a la trama Gurtel y que giraría en torno a una empresa relacionada con un alto cargo socialista y que habría pagado facturas de actos electorales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirma que el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa  tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc-Compromis entre los años 2007-2011. Se han investigado delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral.

Según fuentes del TSJCV, tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en enero de 2018, se declaró no competente para proseguir con la investigación "tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia".

Actualmente son los los juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, los que siguen con la investigación de los hechos denunciados.

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