La JGL exige documentación a la empresa adjudicataria del mantenimiento de los colegios para comprobar su ejecución
La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la propuesta suscrita por el concejal delegado de Educación relativa al requerimiento de documentación por parte de la técnico del expediente a la empresa adjudicataria del ‘Mantenimiento y reparación de colegios públicos de enseñanza Primaria del municipio’. La edil secretaria de la JGL, Fanny Serrano, ha explicado que ha habido alguna queja por parte de directores de los centros de que las reparaciones no se estaban haciendo “tan profesionalmente como es de esperar” y con este requerimiento, “que contempla el propio contrato, la mercantil debe acreditar que se está prestando el servicio tal y como dice el contrato”. De este modo, la empresa deberá aportar los partes de reparación y la documentación acreditativa del modo en el que ha hecho el trabajo.
Otro de los puntos importantes que han formado parte del orden del día de la Junta de Gobierno ha sido la aprobación del expediente de contratación, convocatoria de licitación, pliego de cláusulas administrativas, pliego de condiciones técnicas e invitación a las empresas, para la contratación de la obra de demolición de la tribuna cubierta del campo municipal de fútbol ‘Vicente García’. Serrano ha explicado que “una vez realizado el proyecto técnico, ahora hay que adjudicar la obra propiamente dicha”. El precio de licitación es de 173.529,86 euros.
Entre otros temas también relacionados con contratación, la JGL ha aprobado el acta de la mesa del expediente de ‘Mantenimiento y conservación de los ascensores sitos en las dependencias municipales’ para el que se presentaron diez empresas y que finalmente ha sido adjudicado por 14.088,76 euros. Ahora la ganadora tiene un plazo de diez días para presentar documentación. Quien ya ha presentado documentación y está todo correcto para la firma del contrato es la empresa que se adjudicó por 63.532,53 euros la obra de retirada de arena en la calle de Las Musas. La edil ha recordado que este es el último paso para que pueda realizar la retirada, el tratamiento de la arena y finalmente depositarla en las playas después de que Costas autorizara que efectivamente esto podía hacerse. También está pendiente de firma el contrato del mantenimiento y asistencia de la aplicación informática ‘Gestión de instalaciones deportivas versión servidor y versión web’ que se ha adjudicado por 1.936 euros al año. Desierto ha quedado el procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento del parque de microinformática del Ayuntamiento de Torrevieja que tenía un precio de licitación de 70.247,93 euros. La edil ha comentado que el siguiente paso será iniciar un negociado sin publicidad en el que se invitará a tres empresas a que oferten el servicio en las mismas condiciones que establecía el pliego. El último punto relativo a contratación que ha tratado la Junta de Gobierno ha sido aprobar la devolución del aval que se estableció como garantía al empresario organizador de la Feria de Sevillanas una vez que el servicio se ha prestado satisfactoriamente.
Los expedientes de disciplina urbanística que habitualmente contempla el orden del día de la JGL también han ocupado uno de los puntos de hoy, concretamente refiriéndose a 25 casos cuyos informes han sido aprobados por unanimidad.
Entre los temas que afectan a personal del Ayuntamiento, la JGL ha ratificado los informes técnicos relativos a la solicitud de dos funcionarios que solicitaban el reconocimiento y percepción de derechos económicos por haber desempeñado plazas de titulares de negociados en sustitución de los mismos. También ha aprobado la solicitud de adelantos de nóminas así como la realización de las prácticas no remuneradas de un alumno de la Universidad de Alicante.
Los miembros de la Junta de Gobierno Local han aprobado ejercer acciones judiciales para la defensa del Ayuntamiento en dos causas, una por cobros indebidos y la segunda que ha despertado la curiosidad de los medios de comunicación por tratarse de un contencioso en el que una conductora no está de acuerdo con una multa de 200 euros impuesta por un agente de la Policía Local que consideró que estaba conduciendo de modo negligente. Según ha argumentado Fanny Serrano, “el agente describe una conducta inapropiada de la conductora que no estaba atendiendo el tráfico porque estaba bailando mientras conducía por una calle muy céntrica de la ciudad”.
