Compromís per Torrent reclama que se realicen pruebas de detección vírica a todo el personal municipal
Pau Alabajos: “Dos meses después de decretarse el estado de alarma el personal municipal continúa sin saber si es apto para el servicio público”
Desde que se decretara el estado de alarma el Ayuntamiento de Torrent todavía no ha hecho ningún test de detección de la COVID-19 ni al personal municipal ni a las Brigadas de Protección Civil. Otras poblaciones de l'Horta Sud como Benetússer, Sedaví o Catarroja han realizado pruebas serológicas tal y como ha advertido el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) de Torrent.
Para Compromís la detección de la enfermedad es extremadamente importante en el caso del personal de alto riesgo, aquel que tiene contacto directo con las vecinas y vecinos, tal como la Policía Local, Servicios Sociales, Oficinas del Registro y Protección Civil, afectando también diferentes servicios ofrecidos por las empresas municipales y los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Torrent.
Alabajos ha recordado al gobierno municipal que hay que aplicar todos y cada uno de los protocolos de prevención y seguridad vírica establecidos, tanto por el Ministerio como por la Generalitat Valenciana, y esto pasa por incluir, dentro del Plan de Actuación Municipal 2020 de Lucha contra la COVID-19, la obligatoriedad de realización de pruebas de detección a toda la plantilla municipal, con especial atención al personal que ha realizado tareas asistenciales desde que se detectó la pandemia.
En la misma línea que los sindicatos, desde Compromís se le reclama al bipartito municipal (PSOE-Cs) que se ponga a disposición del servicio de prevención UNIMAT para organizar y protocolizar la realización de las pruebas de detección vírica en los diferentes departamentos y dependencias municipales.
“Hay que dedicar todos los recursos necesarios para que el personal municipal trabaje con total seguridad, y esto pasa por hacer las pruebas y los controles oportunos, cumpliendo la normativa de riesgos laborales y la orden del Ministerio del Interior 226/2020, que obliga en los ayuntamientos a suministrar los medios de protección necesarios a sus trabajadores y trabajadoras”, ha concluido Alabajos.
