22 de septiembre de 2020 22/9/20

El PSPV insta al Gobierno a redactar un nuevo proyecto de Ley de Administración Local “que no suponga la reducción de servicios y autonomía”

  • El grupo socialista en la Diputación presenta una moción en la que muestra su “inquietud ante los aspectos que claramente perjudican a los ciudadanos al comportar una reducción de sus derechos y prestaciones ya consolidadas”

El grupo socialista en la Diputación, encabezado por su portavoz José Manuel Orengo, defenderá en el pleno previsto para el próximo martes una moción con la que pretenden instar al Gobierno a derogar la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y redactar un nuevo proyecto “adaptado a los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera que no suponga la reducción de servicios y de la autonomía local”.

Del mismo modo, el texto pretende reflejar “la inquietud generada por dicha ley, especialmente en los aspectos que resultan claramente perjudiciales para los ciudadanos al comportar una reducción de derechos y prestaciones ya consolidados”. En este sentido, desde el PSPV-PSOE han destacado que “desde que entró en vigor esta ley el pasado 31 de diciembre de 2013, las escuelas infantiles, los gabinetes psicopedagógicos, las escuelas permanentes de adultos, conservatorios, becas para libros y otras actividades, o los servicios asumidos y desarrollados hasta ahora en materia educativa, tiene carácter impropio, por lo que su continuidad está supeditada a la situación económica y financiera de los ayuntamientos y al interés que tenga cada comunidad autónoma, porque únicamente a través de la delegación o la tramitación de un ejercicio de competencia impropia, con los informes externos previos y perceptivos, podrán seguir prestándose en el municipio”. Esto también afecta a otros ámbitos, como la actividad de la OMIC, el transporte colectivo interurbano de viajeros, el apoyo a la mujer o las políticas contra la violencia de género.

Así, han hecho hincapié en que, con esta nueva legislación, “los ayuntamientos no podrán continuar prestando gran parte de los servicios sociales dirigidos a los ciudadanos que requieren una protección o atención especial como consecuencia de su situación personal o familiar, y respecto a quienes la inmediatez era requisito para su eficacia”. De hecho, a partir de ahora, “la prestación efectiva dependerá de la sensibilidad y voluntad de la Generalitat, que hasta ahora se ha distinguido por incumplir sus obligaciones de pago, tanto de los convenios suscritos como de las subvenciones, una situación que se ha agravado especialmente en los últimos años”.

Por otro lado, la moción presentada por los socialistas avisa de que la aplicación con rigor de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que recoge esta ley “obligará a la disolución de algunas entidades, como empresas públicas, mancomunidades, consorcios o entidades locales menores que prestaban servicios relevantes y que cuentan con la aceptación de los ciudadanos”.

Finalmente, han recordado también que dicha ley modifica la forma en que se prestan los servicios de obligatorio cumplimiento en los municipios de menos de 20.000 habitantes. De esta forma, traslada competencias de coordinación sobre la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua o la limpieza viaria, entre otros, a las diputaciones, así como el modo en que se prestan estos servicios “lo que abre la puerta a la generalización de fórmulas privadas”.

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