El PSPV de la Costera-Canal expondrá el problema del juzgado de Xàtiva ante la ejecutiva nacional del PSPV y la Conselleria de Justicia
La Ejecutiva Comarcal del PSPV mantiene la reivindicación y solicita una reunión a la Ejecutiva Nacional de los socialistas valencianos
Alcaldes, portavoces, secretarios generales y los integrantes de la ejecutiva comarcal defienden la permanencia de las competencias y solicitan la especialización del juzgado nº2 en violencia de género
Los socialistas de la Costera y la Canal de Navarrés han reunido de urgencia a la Comisión Ejecutiva del partido que lidera Roberto Granero para debatir con profundidad la situación actual del Partido Judicial de Xàtiva, después del anuncio en el que se trasladan las competencias en materia de violencia sobre la mujer al juzgado nº3 de Alzira. Una decisión que, para el PSPV comarcal, es ilógica por la realidad tan dispar de los dos partidos judiciales.
La ejecutiva se ha manifestado unánimemente en contra de una decisión del que es “incoherente con el despliegue de recursos y el refuerzo de las políticas de protección y de igualdad que se han venido llevando a cabo en los últimos años, como es el Centre de Dona Rural que ya atendió a 90 mujeres víctimas de violencia de género en los primeros seis meses de existencia”, señala la vicesecretaria general y responsable de igualdad de la ejecutiva, Lena Baraza.
Los socialistas agradecen la propuesta de la especialización del juzgado en 2024 que la Consellera trasladó en sede parlamentaria el pasado lunes, pero quieren agotar las vías disponibles para mantener las ya existentes del partido judicial hasta que se dé esta situación. “Es completamente lógico y necesario”, señala Baraza, quien también trasladó en la reunión el agradecimiento desde las asociaciones y colectivos de mujeres de toda la comarca por el trabajo del PSPV a nivel comarcal ante esta situación.
Finalmente, la ejecutiva ha solicitado formalmente una reunión con la dirección nacional del PSPV-PSOE y Conselleria de Justicia, persistiendo en la necesidad de revisar la decisión publicada en el Real Decreto. Según el secretario general, Roberto Granero, “la defensa de la realidad del territorio es una lucha completamente compatible con el fin mayor que nos trasciende que es la erradicación de la violencia de género”. “Es evidente que no había consciencia de la situación real de estas comarcas cuando se tomó la decisión, del trabajo realizado durante estos últimos años, de las infraestructuras creadas y recursos empleados, así como, los servicios de prevención y asistencia a las víctimas en funcionamiento. Todo ello nos avala y fundamenta nuestra reivindicación. Estamos a tiempo de encontrar una solución” concluyó Granero.
