El PSPV consigue el voto del PP para regular un mapa de servicios mínimos bancarios que no deje sin servicio a los municipios más pequeños

El grupo socialista en la Diputación ha conseguido aprobar, gracias a la unanimidad de todos los grupos políticos, una moción para instar al Ministerio de Economía y la Generalitat a regular un mapa de servicios mínimos bancarios, de manera que los municipios más pequeños no se queden sin servicio. Así, el diputado del PSPV-PSOE y alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos, ha defendido esta propuesta socialista asegurando que “el cierre de estas entidades se va a producir sobre todo en pequeños municipios de interior, donde hay grandes distancias entre cada una de las localidades”. Por este motivo, ha asegurado que “este tipo de decisiones van a dejar a los municipios sin posibilidad de crecer ni de desarrollarse”.

Para Pardos, “este cierre se suma a los recortes sufridos por cierre de aulas escolares, reducción de transporte público o de servicios sanitarios”, por lo que ha asegurado que “aunque el servicio bancario es privado, es de primera necesidad.” El diputado socialista ha añadido que “hasta ahora siempre hemos dicho que cuando se cerraba un colegio se iba muriendo un pueblo, ahora quizá es momento de decir que cuando se cierran las entidades bancarias también se empieza a morir un pueblo”. Por eso, ha remarcado que la Diputación “no debe permitir esto, sino que es necesario que todos nos pongamos a trabajar”, mientras ha apuntado que “no se pueden aplicar las mismas ratios para prestar estos servicios en el área metropolitana y en las grandes ciudades que en el mundo rural, por eso traemos esta propuesta”. Finalmente, ha señalado que “no podemos posicionarnos a favor del desarrollo del mundo rural y asegurar que cada uno puede vivir donde quiera si no trabajamos para facilitar el trabajo a los pequeños municipios”.

Por su parte, los tres grupos políticos restantes se han posicionado a favor de esta propuesta. De hecho, el propio presidente de la Diputación, el popular Alfonso Rus, ha reconocido que 17 localidades se van a quedar sin este servicio en un corto espacio de tiempo, aunque ha apuntado la posibilidad de estudiar alternativas como la cesión de locales por parte de los ayuntamientos para la instalación de cajeros automáticos. Con respecto a esta posibilidad, el también alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos, ha señalado que “los bancos exigen a los alcaldes que nos hagamos cargo del coste íntegro del cajero, lo que incluye también el pago del furgón blindado cada vez que vaya a reponer el dinero, lo que supone una auténtica barbaridad imposible de asumir”.

En este sentido, Pardos ha apuntado que “hay entidades bancarias que han recibido importantes cantidades de dinero público y alguien tendrá que poner cordura en este asunto, porque el vecino que cobra la pensión lo hace en el banco, igual que quien cobra el desempleo, por eso este servicio es muy necesario”.

Replanteamiento del Consorcio de Residuos del Plan Zonal X, XI y XII

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación de Valencia, José Manuel Orengo, ha defendido una moción para instar a la Diputación a que pida formalmente a la Generalitat Valenciana “el replanteamiento inmediato del Consorcio de Residuos del Plan Zonal X,XI y XII, por no haber cumplido los objetivos para los cuales fue creado y haberse convertido en un ente que ha generado más problemas que soluciones”. Del mismo modo, ha pedido que de apoyo para el resto de municipios de la comarca de La Safor, la Costera y la Canal de Navarrés en su petición a la Diputación para reclamar la devolución del dinero cobrado a sus vecinos “que han tenido que pagar de más simplemente por haber hecho uso de un consorcio que, a día de hoy, no tiene ejecutadas sus infraestructuras”.

Del mismo modo, la petición defendida por Orengo solicitaba a la Generalitat la apertura de una negociación en Les Corts para la modificación del Plan Zonal X, XI y XII para que “de acuerdo a los nuevo tiempos, cada Mancomunidad, bien en solitario o en conjunto con otras, puedan desarrollar su propio plan de residuos bajo la supervisión de la Generalitat”. Del mismo modo, ha instado a que “se respeten los acuerdos previos que posibilitan la gestión de la basura por parte de la comarca de la Vall d’Albaida mediante su Plan de Minimización de Residuos”, así como que sea la propia Generalitat y la Diputación las que “con cargo a sus presupuestos, doten las indemnizaciones y compensaciones que se puedan producir como consecuencia de la ejecución de este acuerdo”.

Sin embargo, y pese al apoyo de los dos grupos políticos en la oposición, esta moción socialista ha sido rechazada por los votos en contra del grupo popular.