El PSPV advierte que la deuda de la Generalitat pone en peligro el pago de nóminas a los bomberos del consorcio provincial
El Consell no ha abonado el 30% del pago que le corresponde en 2012, por lo que suma 12 millones de euros a los 18 millones de deuda que arrastra de años anteriores, según los socialistas
El diputado provincial del PSPV-PSOE, Ramón Marí, ha advertido esta mañana del peligro que corre el pago de las nóminas de los bomberos del Consorcio Provincial debido a la deuda que mantiene con ellos la Generalitat Valenciana. En concreto, y tal como establece el funcionamiento de este servicio, el Consell debe abonar anualmente el 30% de los fondos. Sin embargo, en este momento todavía adeuda 12 millones de euros correspondientes al año 2012, “una cantidad a la que hay que sumar los 18 millones de deuda que arrastra de años anteriores”, ha remarcado Marí.
De esta manera, durante el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Diputación, el también alcalde de Albal ha querido hacer hincapié en la “crítica situación en que se encuentra este servicio”. De hecho, ha resaltado que durante los incendios que han afectado gravemente a la Comunidad Valenciana este año, “no ha habido ni siquiera bombas rurales porque no se pueden comprar”. Además, Marí ha señalado que “ante esta grave situación nos preguntamos cómo van a cobrar los bomberos sus próximas nóminas, un problema que, una vez más, tendrá que solucionar la Diputación”.
Además, el diputado provincial ha remarcado que en los presupuestos de la Generalitat para 2013, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha reducido el presupuesto destinado a los consorcios de bomberos a cero euros “dando la espalda a este servicio”. De hecho, Marí ha apuntado que “uno debe pagar lo que debe, no seguir acumulando deuda y, encima, dejar a cero esta partida”. Por eso, ha pedido directamente al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, “que le diga a Fabra por qué no ha aprovechado la ocasión con el cambio de consellers para cambiar a uno que sin dinero quiere mandar en todo, y que ha dejado esta partida sin un euro”. Además, Marí ha preguntado “qué piensa hacer la Diputación ante esta reducción presupuestaria que ha llevado a cabo la Generalitat teniendo en cuenta, sobre todo, que puede afectar al pago de las nóminas”.
Por su parte, el propio Rus ha reconocido la deuda del Consell, - que en principio Marí cifraba en 8 millones y el propio presidente de la Diputación aumentó a 12 -, y ha asegurado que “nuestra obligación es pedir e insistir para que nos paguen”. Del mismo modo, ha remarcado que “nosotros daremos la cara si hace falta”, en un intento de “tranquilizar a los bomberos, porque aquí nadie se quedará sin cobrar”. En cuanto al acuerdo de pago, Rus ha hecho hincapié en que si la Generalitat deja de aportar la parte que le corresponde “tendremos que estudiar si es necesario cambiar todo el acuerdo sobre el que se sostiene el consorcio”, al tiempo que ha asegurado que “llegado el momento estudiaremos la mejor forma de hacerlo”.
Afectados por desahucios
Por otro lado, la diputada del grupo socialista, Concha Andrés, ha presentado una moción relativa al tema de los desahucios, “una cuestión muy grave sobre la que esta Diputación debe manifestar su voluntad para contribuir a paliar la situación actual de muchas familias valencianas”.
En este sentido, el texto presentado por los socialistas instaba a la Corporación Municipal a pedir al Gobierno de España a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para establecer nuevas condiciones para que el deudor pueda hacer frente al pago de la deuda con más tiempo y de forma que no se le condene a la indigencia; para que, en caso de dación en pago, exista la posibilidad de continuar utilizando el hogar familiar mediante el pago de un alquiler social que no supere anualmente el 2% de la deuda pendiente y que nunca pueda superar un tercio de los ingresos totales familiares; que las nuevas condiciones se establezcan mediante un acuerdo ante notario y no se pueda desahuciar a las familias que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas; que la dación en pago sea obligatoria cuando las entidades bancarias tengan participación en el FROB y que las familias con ingresos de hasta dos veces y media el IPREM (18.600 euros) puedan acogerse a la dación en pago.
De hecho, para Andrés, “está claro que el real decreto del Gobierno que marca un código de buenas prácticas no ha funcionado, como tampoco lo ha hecho el que regula las familias que pueden acogerse a la nueva normativa del Gobierno, ya que no da cobertura suficiente a la realidad social”. Del mismo modo, ha apuntado que las medidas que lleva a cabo la Generalitat son insuficientes “puesto que en todo el año 2012 se han entregado únicamente tres viviendas, cuando hay más de 44.000 familias desahuciadas”.
En este sentido, la moción socialista insta también a la Generalitat a que ponga a disposición de los ayuntamientos las viviendas vacías del IVVSA y que rehabilite las que se encuentran en mal estado. Al mismo tiempo, pide la creación de una línea de ayudas para completar el pago de las cuotas mensuales de la hipoteca de personas en riesgo de exclusión hipotecaria en caso de residencia habitual, mientras también solicita la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Alquiler para personas que han perdido su vivienda por desahucio. Finalmente, el PP ha rechazado la aprobación de esta moción.
