Los centros docentes carecen de planes de evacuación, obligatorios desde 1995
Por ello, los sindicatos con representación en la comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector docente STEPV, CCOO, ANPE, UGT y CSI-CSIF) han presentado hoy ante la Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad Social una denuncia contra la Dirección Territorial de Educación y la Conselleria.
Según han explicado a las puertas de la Inspección de Trabajo, el motivo de la reclamación es que, a 1 de enero de 2006, no había ningún plan de autoprotección aprobado, según les comunicó la Administración que, sin embargo, no ha explicado si se ha redactado alguno desde entonces hasta el 1 de enero de 2008.
Este tipo de documentos deben recoger todas las previsiones del centro en casos de emergencia, así como el protocolo a seguir ante una evacuación, han señalado los representantes sindicales, que han añadido que los planes de autoprotección también deben identificar claramente los puntos peligrosos del centro educativo.
La redacción y aprobación de estos documentos es responsabilidad de la propia Conselleria de Educación, según se establece en una orden publicada en 1995, por lo que la falta de los mismos supone un incumplimiento de la normativa autonómica por parte de la propia administración autonómica.
La denuncia presentada hoy ha servido, además, para recordar otros "incumplimientos" de la conselleria de los compromisos de "implantación de las prevención de riesgos laborales en el sistema educativo".
Después de una primera negociación en 2006 que acabó en una denuncia de los sindicatos en febrero de 2007 ante la negativa de la Conselleria de llevar a cabo los acuerdos alcanzados, los representantes sindicales intentaron desbloquear, en conversaciones con la administración autonómica, dos "temas sangrantes" sobre la prevención.
Se trata de la creación de la figura del coordinador de prevención y seguridad laboral en los centros y de la elaboración de la normativa y procedimientos para la adaptación de puestos de trabajo.
Sin embargo, el actual curso escolar comenzó en septiembre sin ninguno de estos asuntos solucionados, por lo que los sindicatos han incluido estas reivindicaciones en la lista de "incumplimientos" por parte de la Conselleria y han denunciado hoy estos hechos ante la Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad Social.
Preguntado sobre las negociaciones para que la conselleria retire la orden de Educación para la Ciudadanía, el representante de UGT, Javier González, ha reconocido que las posiciones "están muy definidas" por lo que "es muy difícil que se desconvoque la huelga" prevista para el próximo día 17.
Según González, los tintes políticos que ha tomado la polémica sobre la obligación de impartir en inglés la asignatura hacen que "el único interlocutor capaz de desbloquear la situación sea el president de la Generalitat", Francisco Camps.
