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Iniciativa pide la dimisión del concejal de Urbanismo tras la condena al Ayuntamiento por la edicifación irregular de un edificio

    La edil de Iniciativa en el Ayuntamiento de Buñol, Reyes Matamales, ha exigido la dimisión del concejal de urbanismo de esta población, Aurelio Palmer, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que condena al consistorio a la demolición o a la compensación económica de los afectados por las irregularidades en la construcción del edificio “El Mirador” de Buñol.

    Según la concejal ecosocialista “la justicia ha determinado que este edificio excede la altura y la ocupación de calle otorgadas en su licencia de obras y lo más grave es que, por la negligencia cometida por el equipo de gobierno municipal los ciudadanos tendremos que pagar del erario público los 300.000 euros que la sentencia establece como compensación a los afectados.

    Para Matamales “la responsabilidad política del concejal de Urbanismo, Aurelio Palmer, en esta actuación es evidente, ya que él ha sido el causante de un problema al no actuar ante las denuncias de los vecinos por las irregularidades que se cometían en la construcción de este edificio”.

    “Lo que queremos ahora desde Iniciativa es que el concejal de Urbanismo de Buñol asuma las responsabilidades que se desprenden de esta actuación negligente y por eso exigimos su dimisión inminente y si Palmer no tiene la decencia de dimitir entonces la responsabilidad política recaerá directamente en el alcalde si no lo cesa”, ha asegurado la edil ecosocialista.

    Matamales considera probada “la mala fe en todo este asunto del edil responsable del urbanismo de Buñol ya que desde el inicio el señor Palmer era conocedor de las irregularidades del proyecto y aún así el concejal miró hacia otro lado, pese a las peticiones de los vecinos que exigían la adecuación de la construcción del edificio a la licencia concedida”.

    “La justicia ha demostrado que el concejal de Urbanismo no solo no ha sabido cumplir con sus obligaciones, sino que ha convertido a los vecinos de Buñol en víctimas de sus malas prácticas”.

    “El Ayuntamiento –ha añadido Matamales- tiene la obligación de comprobar que una obra se construye según la licencia que ha concedido, cosa que el equipo de gobierno de Buñol no hizo perjudicando a los vecinos denunciantes, a los propietarios y en definitiva al pueblo de Buñol”.

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