Iniciativa exige la clarificación de las posibles irregularidades urbanísticas en la prisión de Siete Aguas tras admitirse a trámite una querella

Iniciativa del Poble Valencià ha realizado una serie de acciones políticas dirigidas a conseguir que se clarifique y, en su caso, se plantee la paralización cautelar de la construcción del centro penitenciario de Siete Aguas una vez ha sido admitida a trámite una querella presentada por la lataforma Vecinal No a la Cárcel por presuntas irregularidades urbanísticas. En este sentido, la portavoz de Iniciativa en la comarca de la Hoya de Buñol, Reyes Matamales, ha señalado que “hemos trasladado la necesidad de clarificación de informaciones del proyecto del centro penitenciario y, en caso de peligro y perjuicio para la comarca, la posible paralización del proyecto tanto en el Congreso de les Diputados como a las Cortes Valencianas, con el objetivo de conseguir que se tengan en cuenta las irregularidades urbanísticas que se llevarán a cabo de construirse esta prisión”.

De esta forma el diputado de Iniciativa en el Congreso, Joan Herrera, ha planteado la cuestión en el parlamento español mediante una serie de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior en las que se advierte de los riesgos que supone esta instalación.

Asimismo la diputada de Iniciativa y portavoz adjunta de Compromís Mireia Mollà ha registrado en las Cortes Valencianas una batería de preguntas dirigidas al gobierno valenciano en las que exige que el Consell muestre su postura y actúe en la problemática de la construcción de este centro penitenciario.

Desde el Ministerio del Interior se ha mostrado la intención de que la construcción de la prisión empiece en el primer trimestre de 2010. Iniciativa ha querido trasladar a los dos parlamentos la necesidad de que las administraciones se pronuncien sobre si consideran que una querella admitida a trámite por un presunto delito contra la ordenación del territorio, el patrimonio artístico y el medio ambiente debe hacer replantearse el inicio de las obras.

Según Mollà “tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat Valenciana son conocedores de que parte de los terrenos en los que se levantará el centro penitenciario Levante II se encuentra incluida una parcela de unos 13.000 metros cuadrados declarados como suelo no urbanizable de protección forestal, así que queremos saber si piensan emprender alguna acción legal, administrativa o judicial al respecto”.

“Asimismo –ha añadido la diputada de Iniciativa- queremos que se nos informe sobre si se han realizado los oportunos estudios de impacto ambiental, si estos informes ha dado el visto bueno a al construcción en Siete Aguas de la prisión y qué autoridad administrativa ha dado este visto bueno”.

“Exigimos que tanto la administración central como la autonómica hagan una valoración sobre el supuesto incumplimiento de la legalidad vigente en materia urbanística y protección del medio ambiente en la construcción de este centro penitenciario en Siete Aguas”, ha concluido Mollà.