El Grupo Popular de la Diputación de Valencia apoya la creación de una comisión de seguimiento sobre el proyecto CICAL en Divalterra
Carlos Gil, diputado provincial del Grupo Popular, ha explicado que «los valencianos no tienen que hacerse cargo de los caprichos de nadie»
El diputado provincial del Grupo Popular Carlos Gil ha apoyado hoy en el consejo de Divalterra la creación de una comisión de seguimiento sobre el proyecto CICAL –que ha sido aprobada– para averiguar qué sucedió en el convenio entre la empresa pública de la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Este Centro de de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local ha sido objeto de una amplia investigación por parte de la Agencia Valenciana Antifraude que ha determinado que se pagó una cantidad de dinero «a cambio de nada» porque no se han justificado los trabajos que se contemplaban en el citado convenio.
Carlos Gil, que ha participado hoy en el consejo de la empresa pública del que forma parte, ha advertido que «los valencianos no tienen que hacerse cargo de los caprichos de nadie» y por eso esta comisión de seguimiento –que irá informando al Consejo de Administración de Divalterra– «debe constatar si se hicieron o no esos trabajos».
Ha destacado igualmente que «las responsabilidades políticas siguen sin asumirse» y ha asegurado que «vamos a seguir velando por el cumplimiento de las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude respecto de este convenio en el que se han detectado numerosas irregularidades y también porque se recupere el dinero que se haya pagado sin contraprestación alguna».
Ese acuerdo, ha indicado, fue impulsado por José Manuel Orengo –que era el jefe de gabinete de Jorge Rodríguez al frente de la Diputación de Valencia y que luego fue asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat– y la corporación provincial se comprometía al pago de tres facturas por un importe de 40.000, 40.000 y 26.958 euros, respectivamente.
La Diputación abonó la primera de ellas por una cuantía de 40.000 euros y la Agencia Valenciana Antifraude ha constatado «plagios, gastos de personal sin justificar y facturas anteriores a la firma del convenio». Por último, Carlos Gil ha garantizado que «seguiremos defendiendo los intereses de los valencianos y vamos a llegar hasta el final en el esclarecimiento de cómo se aprobó este convenio».
