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Los diputados populares firman su adhesión voluntaria al Código de Buen Gobierno

    Los doce diputados provinciales del Grupo Popular han firmado esta mañana su adhesión personal y voluntaria al Código de Buen Gobierno. Los populares han firmado su adhesión pero han rehusado participar en el acto institucional para mostrar su disconformidad con la actitud del equipo de gobierno de la Diputación, que "repetidamente intenta impedir la función fiscalizadora del Grupo Popular".

    Para la portavoz popular, Mari Carmen Contelles, “desde el inicio de legislatura venimos denunciando la autodenominada “Nueva Diputación” intenta impedir repetidamente cumplir con nuestra función fiscalizadora. Tras repetidos incumplimientos, hemos tenido que acudir a los tribunales para conseguir acceso a algunos expedientes.”

    Los populares han recordado también "el ataque a la democracia que supuso que en el pasado pleno del mes de junio, pese a estar incluidas en el orden del día, fueron retiradas sorpresivamente del debate y posterior votación por todos los integrantes del actual equipo de gobierno".

    "La autodenominada “Nueva Diputación”, ejerció la censura negándose a debatir y votar dos mociones presentadas por los populares para recuperar de manera urgente el Programa provincial de Asistencia Nutricional y permitir que los estudiantes de las universidades privadas puedan volver a hacer prácticas en la Diputación y las entidades locales".

    Según Contelles, “el Código de Buen Gobierno se demuestra en la gestión diaria, no en actos propagandísticos. En esta Diputación llevamos catorce meses de postureo y opacidad. La delegación del Sr. Jaramillo, destina medio millón de euros a planes grandilocuentes y sueldos onerosos para su equipo, mientras han necesitado diez meses para entregar una copia de una factura.”

    Los populares en su adhesión firmada, han querido mostrar también su rechazo al artículo del Código de Buen Gobierno, que se refiere a la aconfesionalidad, "por su sectarismo y claro sesgo ideológico". Tal y como señalan los populares, “afecta a la libertad religiosa personal amparada en la Constitución Española”.

    Se trata de contenidos del Código que según la portavoz popular, “nada tienen que ver con la gestión participativa y la transparencia y que serán revocados por el Partido Popular cuando recuperemos el Gobierno de la Generalitat y de la Diputación”.

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