La Diputación reclama medidas contra prácticas laborales de algunas ETT’S que contratan a recolectores
Todos los grupos políticos piden al Ministerio de Trabajo que se refuercen las inspecciones con más recursos humanos
El pleno de la Diputación de Valencia ha aprobado esta mañana por unanimidad una propuesta presentada por Esquerra Unida, en la que solicita a los gobiernos central y autonómico tomar medidas para evitar situaciones de incumplimiento legal en la contratación de recolectores de cítricos por parte de algunas empresas de trabajo temporal.
El documento, expuesto por la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, solicita que el Ministerio de Trabajo a que refuercen las inspecciones con más recursos humanos, puesto que “se han detectado en estos contratos diferencias a la baja en salarios, falta de días cotizados a la seguridad social y malas condiciones de trabajo”.
En este sentido, Pérez ha comentado que “decenas de miles de extranjeros están padeciendo condiciones especialmente duras por el binomio formado por las empresas usuarias y ETT’S, que normalmente se encuentran en las comarcas de la Ribera y la Safor”.
“El 50% de los recolectores trabajan para estas empresas, de las cuales aproximadamente el 60% son inmigrantes, muchos de ellos sin papeles”, apunta la diputada, al tiempo que ha asegurado que la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa no llega al 20% de su obligación y el salario que recibe el trabajador es de unos 20 euros brutos por jornadas de trabajo de 8 a 10 horas reales.
“Situación de sobreexplotación”
La moción ha recibido el apoyo de Coalició Compromís y del PSPV, que han mencionado que “se está viviendo una situación de sobreexplotación, ya que casi 2/3 de los recolectores son contratados a través de estas empresas y reciben 20 euros de salario cuando lo normal son 60”, ha aseverado el diputado socialista Emili Gregori.
“La función de las ETT es ayudar a las empresas que necesitan personal en un momento temporal o para cubrir bajas pero la contratación de trabajadores mediante estas entidades se ha convertido en algo normal y ordinario por parte del comercio privado”, destaca el diputado socialista.
Por su parte, el Grupo Popular ha respaldado la proposición presentada por Esquerra Unida aunque ha diferido en tres puntos del documento. Tal como ha apuntado el vicepresidente Medina, los ayuntamientos están intentando ayudar a la población inmigrante, y no pueden entrar en sus alojamientos sin una orden judicial, por lo tanto, no se puede instar a los ayuntamientos a aprobar un plan de acogida.
Igualmente, ha diferido en la propuesta de instar al Gobierno central a la supresión de estas empresas y/o reestructuración hacia entidades públicas.
“El Grupo Socialista tuvo ocho años de responsabilidad de Gobierno y no hizo nada aunque tuvisteis la posibilidad de regularlo”, ha finalizado el vicepresidente.
