El PP y el COIICV abordan la problemática de los convenios de colaboración con colegios profesionales
La portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, acompañada por el diputado Evarist Aznar, han mantenido una reunión de trabajo con Miguel Muñoz, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) y Salvador Puigdengolas, presidente de la demarcación de Valencia.
Una reunión que se enmarca en la problemática de los convenios de colaboración para el asesoramiento técnico entre la Diputación y los Colegios profesionales que ha permitido a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes contar con profesionales como arquitectos, ingenieros, aparejadores o graduados sociales, que no pueden tener en sus plantillas.
El encuentro ha permitido a los diputados populares conocer de primera mano cómo está afectando al COIICV esta situación y también para recabar y consensuar fórmulas que permitan a los ayuntamientos seguir contando con estas asistencias técnicas.
Para la portavoz popular, Mari Carmen Contelles, "pese a que desde el primer momento mostramos nuestra colaboración a los gestores de la Diputación para aportar propuestas, llegando incluso a solicitar la creación de una comisión mixta de trabajo, lamentablemente no han sido receptivos a nuestro colaboración"
"Los 186 municipios y las mancomunidades que se benefician de los convenios de colaboración para el asesoramiento técnico necesitan de la Diputación una fórmula que les permita seguir contando con este servicio. No olvidemos que de no resolverse, más de 270.000 vecinos de la provincia pueden verse privados de servicios tan básicos como solicitar una licencia de obra", ha subrayado Contelles.
Por último, en la reunión también se han comentado los resultados del IV Observatorio Industrial de la Comunidad Valenciana donde el 95% de los ingenieros industriales ha suspendido la política industrial del Consell.
Un campo donde -según palabras de la portavoz popular- "la actividad industrial de la provincia está pagando la parálisis que afecta a la empresa pública Divalterra, que ha abandonado su papel dinamizador por estar enfrascada en las luchas internas de poder entre PSPV y Compromís"
