Caso Imelsa: la Fiscalía pide 94 años de cárcel para los 14 investigados por supuestos contratos ilegales
La contratación de altos cargos en la empresa pública Imelsa presuntamente sin cobertura legal acorrala a PSPV y Compromís
Penas de 6 a 8 años de cárcel para los 14 investigados por supuestos contratos ilegales a través de la empresa pública Imelsa, vinculada a la Diputación de Valencia.
Esta es la petición de la Fiscalía para los investigados en esta presunta trama que acorrala a PSPV y Compromís en la Comunitat Valenciana.
El Ministerio Público pide las penas más altas, de 8 años, para el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que actualmente es alcalde de Ontinyent.
Para el ex dirigente provincial, la Fiscalía le imputa delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial.
La misma pena se solicita para José Ramón Trilles, ex gerente de Imelsa; Agustina Brines, exgerente de Imelsa; así como Ricard Gallego y Manuel Regart, a los que se les señala, además, como colaboradores necesarios de los delitos.
Asimismo, el Ministerio Fiscal pide 6 años de cárcel para Josep Lluis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carod, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenia y Víctor Jiménez por falsedad en documento oficial cometido por particular y cooperador de caudales públicos.
La Fiscalía Anticorrupción solicita, 94 años de cárcel para los investigados, por supuestamente impulsar la contratación a dedo de siete altos directivos, en contra de la legalidad.
Además, también pide para ellos 20 años de inhabilitación absoluta y la prohibición de ejercer cualquier profesión que comporte asesoramiento jurídico o económico durante seis años.
El origen
Cabe recordar que el nuevo organigrama de Imelsa, con los siete directivos, se presentó el 22 de diciembre de 2015 -seis meses después de la llegada de PSPV y Compromís a la Diputación de Valencia- sin que el consejo de administración votara la propuesta. Además, según Anticorrupción las contrataciones se hicieron “sin sujetarse a los principios de publicidad, mérito, transparencia y capacidad” y sin “ningún expediente de contratación, informe de necesidad, ni solicitud de existencia de crédito o consignación presupuestaria”.
Al parecer la única motivación, según señala Anticorrupción, era “la vinculación de los contratados a los dos partidos que gobernaban la Diputación de Valencia, PSPV-PSOE y Compromís”.
El PPCS pide explicaciones a Ximo Puig
El Partido Popular de la provincia de Castellón ha lamentado hoy otro caso de corrupción en el entorno de Ximo Puig. Se trata de la petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía en el caso conocido como Imelsa para Manuel Carod, histórico alcalde socialista de Altura y persona de la más estricta confianza del presidente Puig. No en vano, formó parte del personal de confianza del gabinete del presidente de la Generalitat.
La secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, ha advertido que “un día más otro caso de corrupción salpica a Ximo Puig” por lo que “lo mínimo que merecemos es una explicación pública”. El caso Imelsa evidencia una forma de corrupción institucionalizada en el PSPV “e investiga cuestiones muy turbias que afectan a personas de la confianza de Puig”.
En este sentido, la responsable del PP ha recordado “cuestiones como las subvenciones que están cobrando los hermanos de Puig” así como la imputación del director general de Urbanismo por una trama de cobros de los ayuntamientos del PSPV, así como las cinco imputaciones que acumula la número dos del PSOE en la provincia, Estíbaliz Pérez. “Además, todos los condenados por corrupción en la última legislatura tienen el carné socialista”.
