El PP de Buñol exige a Juncal Carrascosa «explicaciones sobre la trama de grabaciones ilegales a políticos, funcionarios y vecinos»
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Buñol ha mostrado su «perplejidad» ante los hechos desvelados por el periódico Las Provincias en los que se da cuenta de la investigación que está llevando a cabo un juzgado de Requena para analizar 650 grabaciones sin consentimiento o advertencia previa desde un teléfono móvil de la Policía Local de Buñol.
Por ello, han reclamado a la alcaldesa de la localidad, Juncal Carrascosa, que ofrezca «explicaciones sobre la trama de grabaciones ilegales a políticos, funcionarios y vecinos».
El escándalo es de tal envergadura que «la alcaldesa no puede eludir su responsabilidad en este atentado contra los derechos fundamentales de las personas», han explicado los representantes del grupo municipal popular.
Los vecinos de Buñol «deben conocer de primera mano qué estaba sucediendo y porqué se estaba grabando a los ciudadanos en un periodo que abarca –en principio porque se desconoce si hay más– desde julio a noviembre de 2018».
Para el grupo popular existe una «evidente responsabilidad de la alcaldesa quien por acción u omisión ha permitido que se realizaran estas grabaciones».
Este triste capítulo para Buñol demuestra que «los últimos 40 años de gobierno del PSOE e Izquierda Unidad en la localidad han desembocado en una descomposición y agotamiento que lleva a episodios como éste en el que se ha actuado con total impunidad».
Almacenadas en 34 carpetas
Desde el grupo municipal han reiterado que Juncal Carrascosa «debe dar la cara con urgencia y aclarar a los vecinos, a los funcionarios, a los integrantes de los cuerpos de seguridad y a los políticos para qué se les estaba grabando sus conversaciones y se guardaban en un total de 34 carpetas».
Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina los ciudadanos de Buñol «tienen que saber quién está dirigiendo su destino al frente del Ayuntamiento y qué clase de actuaciones está desarrollando porque espiar las conversaciones de los vecinos no parece que debiera ser un actividad de un gobierno democrático».
