La asamblea de colegiados de Valencia, a favor de proponer una huelga indefinida si no se paraliza el Decreto Ley 1/2012
Los recortes ponen en peligro la calidad asistencial en el sector sanitario público
El Colegio de Enfermería de Valencia acogió ayer una asamblea informativa en el transcurso de la cual se rechazó por unanimidad la aplicación del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana y se solicitó su derogación inmediata y la depuración de responsabilidades por la mala gestión económica realizada, demandado el establecimiento de medidas legales de control para que no vuelva a producirse un despilfarro como éste.
Una de las medidas propuestas en el transcurso de esta asamblea hizo referencia a plantear en caso de que no se retire el citado decreto ley la realización de una huelga de celo y de trasladar a las centrales sindicales el estudio de una huelga indefinida de los trabajadores del sector sanitario público.
Junto a ello, se acordó también llevar a cabo una campaña de recogida de firmas para pedir que los diputados autonómicos sean los primeros en dar ejemplo de austeridad con una rebaja en sus remuneraciones, como mínimo, en proporción a lo previsto en el Decreto Ley 1/2012 y prescindiendo de sus planes de pensiones, toda vez que la clase política no está legitimada para pedir sacrificios a los sanitarios mientras ella no dé un ejemplo proporcional a lo que pide a los demás.
Durante la citada asamblea informativa, el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado, y el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), José Antonio Ávila, trasladaron a los asistentes las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Organización Colegial Autonómica de Enfermería para paralizar la puesta en marcha de las medidas de ajuste económico.
En este sentido, dieron cuenta de la confección de un informe jurídico y de la situación de éste para solicitar tanto al Defensor del Pueblo y a 50 diputados o senadores que se promueva un recurso de inconstitucionalidad del decreto ley que tanto perjudica a la clase sanitaria y que tan negativo será para la calidad de atención que se presta en la sanidad pública autonómica y para la seguridad de los pacientes. Las medidas de recortes van a suponer un grave problema para mantener el nivel de calidad asistencial a la población y poder garantizar su seguridad clínica dentro del contexto sanitario.
Observatorio Enfermero de Recortes Sanitarios
Los representantes colegiales dieron también a conocer la gran cantidad de quejas y sugerencias que se estaban recibiendo a través del Observatorio Enfermero de Recortes Sanitarios disponible a través de la web del CECOVA (www.portalcecova.es) y de las de los tres colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana, señalando que se va a abrir el mismo a la ciudadanía a fin de recoger las quejas y denuncias de los usuarios del sistema sanitario en relación con las deficiencias que pudieran encontrarse al ser atendidos en sus necesidades de salud.
Una medida que fue muy bien acogida por los asistentes, quienes además plantearon que al estar la carrera profesional paralizada se suprimiesen las dotaciones económicas destinadas a los planes de formación continua y continuada. Además, se planteó también la introducción de mecanismos de control de horarios, la realización de auditorías económicas y el rechazo al plus de productividad que pretende dar la Conselleria de Sanidad mientras tanto no se restituya el nivel económico perdido.
Los presidentes colegiales manifestaron el apoyo de la institución y la cobertura necesaria dentro del marco de sus competencias a cuantas medidas sean promovidas y consensuadas por los colegiados, incluida la convocatoria de huelga, trasladándole las propuestas a los sindicatos, ya que son ellos los que tienen la capacidad legal de llevarlas a cabo.
Los asistentes a la asamblea mostraron su apoyo y defensa de la sanidad pública y dejaron ver su preocupación por el futuro de la misma, además del convencimiento de ser capaces de paralizar la actividad en la sanidad autonómica si fuese necesario. Unas medidas que afectan no solo a quienes tienen plaza en propiedad y a los directivos, sino también a los interinos, parados, docentes y futuros profesionales.
