El PP advierte que la Ley de la Huerta es “inconstitucional”
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado hoy que la Ley de la Huerta es una norma "confiscatoria" e inconstitucional de manera que el PP la llevará al Tribunal Constitucional (TC) si se aprueba en los términos en la que está redactada porque expropia propiedades y promueve los arrendamientos forzosos. Además, se trata de una norma que frenará el desarrollo del área metropolitana de Valencia porque "no se podrá construir nada nuevo ya que los suelos urbanizables donde se podía prever un desarrollo sostenible no se desarrollarán y, por lo tanto, se disparará el precio de la vivienda".
El Secretario general del GPP y la portavoz de Medio Ambiente y Vivienda, Luis Santamaría y Elisa Díaz han anunciado que presentarán 65 enmiendas a la Ley de la Huerta que prepara el Consell y que "no incorpora la voz de los agricultores". "Nos resulta curioso que una norma que viene a proteger a la huerta no preste atención a quienes son los principales protagonistas".
Se trata de una norma "de carácter confiscatorio" porque "permite la expropiación de los terrenos cuando no estén cultivados por un periodo de dos años y además permite el arrendamiento forzoso".
Por ello, el GPP solicitará la retirada del proyecto de ley recogiendo las aportaciones que haga AVA porque "no se pueden imponer cargas nuevas a los agricultores si no aseguramos la viabilidad de las explotaciones". Por ello proponen la elaboración de un Informe de Viabilidad de las explotaciones, un Plan de Desarrollo Agrario y que se pacte con las organizaciones agrarias las compensaciones económicas que sobrecargaran a los agricultores.
Por ello, han señalado que el PP "está a favor de proteger la huerta y la mejor manera de hacerlo es garantizando la viabilidad de las explotaciones agrarias" es decir "garantizando la actividad rentable, asumible y el relevo generacional".
Así, Santamaría ha explicado que el PP "ve con alarma que se pueda privar de su propiedad a los agricultores valencianos" lo que evidencia que "detrás hay un intento de terminar con una forma tradicional de vida y con los agricultores de toda una vida que serán relegados por colectivos muy cercanos a quienes han redactado la norma".
El GPP ha denunciado que la Ley dejará fuera de las ayudas al 65% de los agricultores de Valencia y su área metropolitana ya que sólo podrán acceder los agricultores profesionales, los que reciben 50% de sus ingresos por esta vía y se olvidan de los propietarios de los terrenos y de los agricultores jubilados. Por ello, han criticado el carácter especulativo de la norma porque "hay un riesgo de que la huerta termine en manos de unos pocos, profesionales vinculados a este gobierno que tendrá la posibilidad de acumular parte de la huerta valenciana".
Órgano gestor sin agricultores
Además, ha explicado, se sobrecarga al agricultor con nuevas tasas, se le prohíbe acumular la estructura parcelaria, cuando es una manera de hacer viable la explotación, se le prohíbe modificar el tipo de cultivo y se crea un órgano gestor sin agricultores que decidirán "qué tipo de cultivos se planta, qué tipo de regadío debe utilizar, qué explotaciones serán expropiadas, qué arrendamientos forzosos se realizarán al tiempo que prohíbe los cultivos con fitosanitarios y vincula las ayudas a lo ecológico".
Una ley de la Huerta sin mención al agua
El GPP ha advertido que la Ley limita las construcciones agrícolas en las explotaciones como los invernaderos y no incluye ninguna medida relativa al agua, "¿cómo vamos a defender la supervivencia de la huerta sino se incluye ninguna medida relativa al agua?". Por ello, el PP incluirá una enmienda que recoja el derecho del agricultor al agua para poder hacer viable las explotaciones.
Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente y Vivienda, Elisa Díaz, ha denunciado que una norma que pretende proteger a la huerta haya sido desarrollada por la conselleria de Vivienda y Urbanismo y no por la de Agricultura "esto es lo que le importan los agricultores al tripartido". "La conselleria de agricultura no ha intervenido para nada, no sabemos si no es que no ha querido o no se le ha consultado".
La normativa afectará a la conselleria de Agricultura y, por lo tanto, "no se puede considerar viable sin una consulta a la conselleria del ramo". "Es una norma que antes de nacer es completamente ineficaz".
Así, ha explicado es "es la puerta de un Plan de Acción Territorial que empezó a tramitarse incluso antes del proyecto de Ley de la Huerta que no es otra cosa que un Pativel de la Huerta, un plan que quita derechos, desclasifica suelos, elimina dotaciones sociales" y lo hace "sin prever indemnizaciones a cambio".
Elisa Díaz ha explicado que esta ley hace que municipios como Sedaví, con un PRGOU "muy nuevo" deje fuera de ordenación dotaciones sociales como un parque y un colegio". "Es una gran contradicción que un Plan de Acción Territorial limite el cumplimiento de un PGOU".
La aplicación de la norma será un "caos" en Valencia y su área metropolitana porque "no se podrá construir nada nuevo" porque los suelos urbanizables donde se podía prever un desarrollo urbanístico sostenible "no se podrá llevar a cabo". Por lo tanto el precio de la vivienda, ha explicado, "va a subir de manera estrepitosa" lo que hará que familias que ya tienen problemas para llegar a fin de mes para pagar su alquiler tengan aún más dificultades".
