Cs propone un Plan Autonómico para acabar con las ocupaciones ilegales de inmuebles
La PNL que reclama “ampliar la vigilancia, devolver las viviendas a sus dueños y acabar con los problemas de convivencia” se debatirá en el pleno del martes
Ciudadanos (Cs) en Les Corts valencianas ha propuesto al Consell que desarrolle un Plan Autonómico para acabar con las ocupaciones ilegales de inmuebles en la Comunitat Valenciana.
La diputada Mamen Peris ha denunciado el “uso fraudulento” que se hace de las viviendas ocupadas en muchas ocasiones “por parte de mafias que se aprovechan de los más vulnerables” y ha exigido “soluciones inmediatas” ante las “graves inseguridades” que esto genera en los barrios y bloques de vecinos. Además, la Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos, que se debatirá el próximo martes en el pleno de Les Corts, incluye la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios y medidas de refuerzo de vigilancia en viviendas abandonadas, entre otras.
“Los últimos datos ofrecidos por el Consell hablan de un total de 1.300 viviendas públicas ocupadas en toda la Comunitat Valenciana, algunas de ellas usadas como ‘narcopisos’”, ha añadido Peris, para quien es “urgente” abordar un problema social que “en las últimas semanas está ocasionando graves complicaciones en zonas residenciales de municipios valencianos como Chiva o Alberic”.
“Si el Consell realmente va a aplicar una política de ‘tolerancia cero frente al uso ilícito de viviendas públicas’, según palabras del propio vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, exigimos que se traduzca en resultados inmediatos, y que esta actuación se extienda también a los inmuebles de propiedad privada que han sido ocupados”, ha subrayado Peris.
Peris ha denunciado que “la ocupación, además, vulnera los derechos de las personas registradas de manera oficial en la lista de demandantes de vivienda e impide la rehabilitación de los inmuebles destinados a quienes verdaderamente necesitan un techo”. Además, la PNL reclama potenciar la coordinación institucional y la elaboración de un protocolo común de actuación e instar al Gobierno central a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad y garantizar la convivencia, como agilizar los juicios, endurecer las sanciones o reforzar las competencias de los Ayuntamientos.
