Polémica vuelta al trabajo presencial de los funcionarios de la Generalitat
Sindicatos denuncian que la decisión ha sido comunicada hoy “de forma unilateral” y lamentan que va a “poner en riesgo” la salud de los funcionarios si surgen eventuales rebrotes
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo ha asegurado este viernes que, una vez se ha levantado el estado de alarma a consecuencia de la pandemia de la Covid-19, se recupera el trabajo presencial del 100 por cien de del personal de la Generalitat.
Esta medida tendrá efecto a partir de este lunes, 22 de junio, y contempla las medidas de seguridad, distanciamiento y flexibilidad horaria para evitar concentraciones de personal en las dependencias públicas.
Esta medida ha sido aprobada por el pleno del Consell y se ha informado de ella a los sindicatos de la Función Pública valenciana. Unos sindicatos que han denunciado que la decisión ha sido comunicada hoy “de forma unilateral” y lamentan que va a “poner en riesgo” la salud de los funcionarios si surgen eventuales rebrotes.
Sindicatos condenan esta decisión
El sindicato CSIF lamenta que mientras Administración del Estado ha llegado a un acuerdo para organizar el teletrabajo, la consellera “va por libre en las decisiones que afectan a sus trabajadores e impone su criterio”.
CSIF considera que esta disposición “vulnera los derechos de los trabajadores de la administración del Consell, les expone innecesariamente a un posible contagio y pudiera ser constitutivo de una infracción penal, ya que nuestro vigente Código Penal contempla una serie de conductas, tipificadas como delitos, con el objeto de proteger el derecho constitucional de los trabajadores a la vida, la salud y la integridad física en el desarrollo de su actividad laboral. En este sentido castiga aquellas conductas que omiten los medios necesarios para que desempeñen su actividad con las medidas requeridas”.
El sindicato resalta que “obligar a la incorporación del 100 % de la plantilla a sus puestos de trabajo -como textualmente establece el punto sexto de la resolución, incluidas aquellas personas que están consideradas como como grupos vulnerables para la Covid-19-, supone una irresponsabilidad por parte de nuestros gestores públicos”.
Así será la nueva normalidad en la administración
En el documento se establecen las condiciones laborales para la nueva normalidad provocada por la pandemia de la Covid-19, que serán las recogidas en la normativa vigente y que en su día fueron negociadas con los representantes sindicales.
Asimismo, se dejan sin efecto las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno valenciano durante la vigencia del estado de alarma, sobre la actividad presencial en los centros de trabajo de la Administración y que fueron de un 10 por ciento al principio hasta el 85 por ciento actual de la fase 3.
La norma establece que a partir de este 21 de junio, la totalidad del personal al servicio de la Administración deberá incorporarse a la actividad presencial en su correspondiente centro de trabajo. No obstante, serán las subsecretarías de cada conselleria las encargadas de que se cumplan los siguientes criterios:
1) La adopción de medidas de ventilación, limpieza y desinfección con arreglo a las dimensiones de los centros de trabajo, así como a la afluencia de público.
2) La puesta a disposición de las plantillas agua, jabón, geles hidroalcohólicos, y desinfectantes para la limpieza de manos.
3) La adopción de las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos para que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros entre el personal. Si tal medida no fuera posible a causa de las restricciones del espacio, se proporcionarán Equipos de Protección Individual (EPI) a los trabajadores y trabajadoras.
4) La flexibilización de los horarios para propiciar las entradas y salidas de los centros de trabajo de forma escalonada para evitar concentraciones, la organización de turnos y el uso de las zonas comunes. En este sentido se habilita a las subsecretarías a que autoricen que los centros de trabajo estén abiertos hasta las 20.30 horas a fin de facilitar los turnos por las tardes, de conformidad con los empleados y empleadas que así lo soliciten.
La disposición también contempla que las personas pertenecientes a grupos más vulnerables a la Covid-19 podrán solicitar al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) la emisión de un informe de evaluación que determinará si procede o no la incorporación del interesado a su puesto de trabajo.
La norma regula que, a partir de este lunes, se primará la atención telefónica y telemática en los servicios de atención al público. En caso de atención presencial, será necesaria la cita previa y se limitará el aforo en las dependencias públicas.
Además, se evitarán, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales o que impliquen desplazamientos a otras localidades, por lo que se apostará por la celebración de videoconferencias.
Por último, la resolución recoge las pautas a seguir en el caso de que se detecte un posible caso positivo de contagio del Covid-19.
Si una persona presenta síntomas compatibles con la enfermedad, no debe acudir a trabajar, debe comunicarlo al INVASSAT, llamar de inmediato al teléfono 900 300 555 para recibir las instrucciones necesarias y notificarlo a su superior para llevar a cabo las medidas preventivas en las dependencias donde ejerce su función.
Teletrabajo
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado que "la disposición incluye todas las medidas de seguridad necesarias para que la vuelta al trabajo presencial no suponga riesgo alguno para la salud del personal al servicio de la Generalitat".
En este sentido, Bravo ha asegurado que así "potenciamos los servicios públicos para que puedan atender a la ciudadanía en condiciones de plena seguridad tanto para los funcionarios y funcionarias como para los usuarios y usuarias de las diferentes dependencias de la Administración autonómica".
Además, la consellera ha anunciado que se va a elaborar, "junto a los sindicatos", una regulación del teletrabajo "que supere la normativa actual que se ha revelado insuficiente ante la nueva situación impuesta por la Covid-19 y con ella daremos respuesta a las necesidades derivadas de la adecuada prestación de los servicios públicos con las medidas de seguridad sanitaria y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las plantillas autonómicas", ha concluido.
