Podemos plantea reformar el Consejo Jurídico Consultivo para reducir los nombramientos gubernamentales
Antonio Montiel: "Queremos impedir que el gobierno de turno pueda designar a su voluntad a los miembros de órganos institucionales"
La capacidad de elección de miembros del Consejo Jurídico y de la presidencia se trasladaría en exclusiva a las Cortes Valencianas
La propuesta registrada hoy por Podemos viene a modificar varios preceptos de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consejo jurídico consultivo de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de garantizar los principios de independencia, transparencia, publicidad y la regeneración democrática.
La modificación legal plantea que todos los y las miembros del Consejo sean elegidos por mayoría cualificada de les Corts Valencianes y que sean también les Corts quienes determinen por mayoría absoluta qué persona de las elegidas ostenta la Presidencia de dicho órgano. Igualmente la reforma que se plantea vela por el cumplimiento del principio de paridad de género en la composición del órgano.
Según Fabiola Meco, portavoz adjunta de Podemos "no parece razonable que un órgano estatutario de esta importancia sea participado por el gobierno en tal grado que pueda comprometer su independencia".
Se propone también que la totalidad de las personas candidatas a integrar el Consejo Jurídico Consultivo se someterán a control parlamentario. En ese sentido, la reforma propone la creación de un trámite de comparecencias públicas ante una Comisión parlamentaria con carácter previo a la votación en Pleno de las diferentes candidaturas. "Se trata de una modificación legal que sin duda aumenta la transparencia y contribuye al control parlamentario llamado a verificar, con publicidad, el cumplimiento de las condiciones de idoneidad de las personas candidatas" ha explicado Meco.
La propuesta viene a responder a los requerimientos de regeneración democrática que la sociedad valenciana ha expresado en los últimos años. Por ello, se propone también el aumento del mandato de los y las miembros del Consejo jurídico consultivo de cinco a seis años no prorrogables.
