Podem propone que los denunciantes de malas prácticas en la administración se acojan al estatuto de la Agencia Antifraude
El grupo parlamentario de Podem ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental para extender la protección contra las malas prácticas alcance a todo el ámbito público. Esta norma crea el sistema preventivo de alertas, para detectar irregularidades y malas prácticas administrativas.
Asimismo, ha informado de que se han presentado enmiendas para enmiendas para garantizar el derecho a la protección de datos y con el objeto de que los los denunciantes de malas prácticas estén protegidos con medidas concretas, para lo que este grupo remite al estatuto del denunciante de la Agencia Antifraude valenciana, «que los protege como nunca antes se había hecho ni en una autonomía ni en España. Fuimos vanguardia con esa Ley y a ella remitimos también en este caso».
Según ha explicado la portavoz adjunta de Podem, Fabiola Meco, las enmiendas de esta formación «aspiran a que la protección contra las malas prácticas alcance a todo el ámbito público».
De este modo, según ha señalado, «todas nuestras instituciones y las entidades donde hay recursos públicos aplicados han de estar preservados completamente de las malas prácticas. Las hemos padecido durante demasiado tiempo con resultados nefastos. Es hora de prevenir y protegerse antes del daño».
Por ello, propone ampliar el ámbito subjetivo del proyecto de ley para que se incluyan fundaciones, sociedades participadas desde lo público, las universidades y las entidades locales.
Meco ha manifestado que la intención es que se rindan cuentas mediante un informe anual a les Corts Valencianes del trabajo realizado por la Inspección General de Servicios: «Queremos que hagan un informe con recomendaciones y sugerencias de cambios legales si son necesarios», ha advertido.
Otra de las enmiendas presentades hace referencia a los plazos. Podem considera necesario que la norma entre en vigor cuanto antes, «y por eso, planteamos acortar los plazos establecidos en ese proyecto. Queremos una Comunitat Valenciana con instituciones libres de corrupción, de fraude y de malas prácticas».
