El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y la Consellería de Vivienda se reúnen para hacer balance de la paralización de los desahucio

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona se ha reunido esta mañana con el consejero de Vivienda, Ruben Martínez Dalmau, para hacer balance de la paralización de la orden de lanzamiento de 31 familias de la Pobla. El alcalde, Josep Vicent Garcia, ha coincidido con el Consejero que ha sido un éxito haber podido paralizar el proceso con tan poco de tiempo y evitar así que 31 familias se encontraron en la calle hoy.

Desde el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona se presentó el informe de vulnerabilidad de 31 familias ante el juzgado de Llíria para solicitar un aplazamiento en el desahucio que fue aceptado el pasado lunes. Hoy mismo se ha reunido el Ayuntamiento con la Consellería para trabajar en una solución habitacional que evite que el 8 de febrero estas familias sean desahuciadas.

La opción en que se trabaja desde las instituciones es negociar un alquiler social con la propiedad del edificio que permita los actuales vecinos continuar viviendo en las mismas viviendas. También se trabaja en la opción de adquirir los pisos por parte de las instituciones y que formen parte del parque de vivienda pública de la administración. El objetivo es que estos dos meses sirvan para resolver la situación y evitar que las familias afectas se vean abocadas en la calle.

El alcalde de la Pobla, Josep Vicent Garcia, ha valorado de muy positivo el resultado del trabajo conjunto con la Consellería de Vivienda que en pocos días ha permitido paralizar el desahucio más grande previsto en el territorio valenciano en los últimos años. “Con los informes de vulnerabilidad de las familias hemos conseguido paralizar este desahucio masivo y ahora hemos ganado dos meses para que las instituciones negociamos un alquiler social o una adquisición de viviendas sociales”.

El alcalde de la Pobla y el Consejero de Vivienda se han reunido con las familias afectadas para ver la situación en que se encontraban y manifestarles el apoyo de las instituciones al derecho constitucional a la vivienda.