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El 30,6% de la población en la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza

El 30,6% de la población en la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza
  • En 2021 los datos de pobreza severa en la Comunitat han descendido un 17,5%

La EAPN España y la EAPN C.Valenciana (European Anti-poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza) indican que en 2021 el riesgo de pobreza y/o exclusión social (indicador AROPE-At Risk of Poverty and Exclusion) ha afectado al 30,6% de la población en la C.Valenciana, esto es a 1.547.790 personas. Esto supone un incremento de 0,9 puntos respecto al año pasado, cuando se situó en el 29,7%, lo que agrega 46.000 nuevas personas al total en AROPE. El aumento es prácticamente igual que el registrado a nivel estatal, que ha sido de 0,8 puntos porcentuales; sin embargo, la valenciana se mantiene como la sexta comunidad autónoma con mayor tasa AROPE, con 2,6 puntos más que la media de las autonomías. 

Todos estos datos suponen una mejora con respecto al 2015, designado año de control de la Agenda 2030 y en el que el indicador AROPE fue del 33,2%. En comparación con ese año, el AROPE disminuyó en 2,6 puntos porcentuales, un 7,6%, lo que hizo descender unas 105.799 personas del riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, esta mejora debe ser matizada porque la población está lejos, todavía, de retornar a los niveles anteriores a la primera crisis. En este sentido, la comparación con el año 2008 arroja un incremento de 2,8 puntos porcentuales. 

El indicador AROPE de 2021 se ha realizado teniendo en cuenta elementos de renta de 2020, por lo que recoge el impacto social de la pandemia. Este indicador se mide teniendo en cuenta tres elementos: la Tasa de riesgo de pobreza, la Privación Material y Social Severa (PMSS) y la Baja Intensidad de Trabajo en los Hogares (BITH).

Y según los elementos de renta de 2020, la Tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 25,1% y afecta a 1.271.689 personas en la C.Valenciana, de las cuáles 559.404 están en pobreza severa, lo que significa que viven en hogares con ingresos inferiores a 530 euros mensuales por unidad de consumo. Para el caso de una familia con dos adultos y dos menores significa sobrevivir con menos de 278 € mensuales por persona, una situación que afecta al 11,1% de la población valenciana. 

Esta cifra de pobreza severa supone un descenso de 2,3 puntos porcentuales, el equivalente a un 17,5 %, con respecto a los datos del año pasado. Con este descenso se produce una significativa reducción de la diferencia con la tasa estatal que está en el 10,2%. La pobreza severa se ha reducido intensamente en Cantabria (-2,7 puntos porcentuales; -31 %), Catalunya (-2,3 puntos porcentuales; -25 %) y la C.Valenciana (-2,3 puntos porcentuales; -17,5 %).

Por otra parte, la pobreza severa ha aumentado en la C.Valenciana 0,7 puntos desde 2015 (un 6,3 %), año de control de la Agenda 2030, y 1,5 puntos desde 2008 (un 15,7%). 

El indicador de la tasa AROPE que sí recoge datos precisos de 2021, pues las encuestas se realizan entre septiembre y diciembre de 2021, es la Privación Material y Social Severa (PMSS). En el caso de la PMSS la reducción en 2021 fue de 4,3 puntos porcentuales, el equivalente a un 36% respecto a 2020. Esto ha permitido situar a la Comunitat Valenciana 0,7 puntos por debajo de la media de España y pasar de ser la autonomía con mayor PMSS a ser la cuarta. 

La PMSS afecta actualmente al 7,6% de la C.Valenciana y llega a 384.418 personas en nuestro territorio en 2021, frente al 11,5% y a 577.874 personas a las que afectó durante 2020. La PMS es un indicador de carencia, de dificultad para consumir algunos productos concretos básicos que se definen a nivel europeo y supone una vulnerabilidad muy grave para las personas afectadas. 

En 2021, la tasa de privación material y social severa alcanza al 8,3% de la población en España, y a escala autonómica ha descendido notablemente en Navarra (un 42,4 %) y en la Comunitat Valenciana (un 36,1 %, o lo que es lo mismo 3,9 puntos porcentuales).

Respecto a 2015, año base de la Agenda 2030, se produjo un descenso leve de 0,3 puntos porcentuales de la PMSS; sin embargo, puede apreciarse una pérdida algo más elevada de la calidad de vida en la C.Valenciana si se compara con el año 2008, pues la privación material severa es 3,1 puntos mayor. 

En relación con el año pasado han descendido 9 de los ítems de la PMSS, en 4 han aumentado y en uno se ha mantenido estable. Se subraya el aumento de las personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada que pasa del 13,6 % al 15,5%, y aumenta también el número de personas que no puede permitirse conexión Web (fija o móvil) para uso personal en el hogar, del 7,8% en 2020 al 8,3% en 2021. 

Por otro lado, entre los que descienden, se destaca la reducción de las personas que no pueden sustituir muebles usados o viejos, que pasa del 33% al 25,6%.También se reducen los retrasos en el pago de gastos de vivienda principal o compras a plazos, así como los casos que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año y, especialmente, los que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días que pasa del 7,2% de la población en 2020 al 3,4% en 2021.

Respecto al indicador BITH (Baja Intensidad de Trabajo en los Hogares), que se refiere a las personas entre 0 y 64 años que viven en hogares en los cuales se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo, el informe señala que el 11,1 % de la población menor de 64 años residente en la C.Valenciana vive en hogares con baja intensidad de empleo. La cifra supone un ligero crecimiento de 0,2 puntos respecto a los datos del año pasado, por lo que se ha mantenido prácticamente estable. Hablamos de 450.296 personas que en la C.Valenciana viven en esas circunstancias. 

Respecto a 2015, año base de la Agenda 2030, la tasa descendió en 6,8 puntos porcentuales; sin embargo, puede apreciarse una pérdida mucho más elevada de la calidad de vida si se compara con respecto al año 2008, anterior a la crisis económica, dado que es 4,8 puntos mayor de la que se registraba en el año 2008. 

Finalmente, el 47,8 % de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes, por lo que se mantiene estable respecto a 2020 -con una variación de apenas 0,1 puntos menos-. Sin embargo, desciende significativamente el número de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 10,7% al 7,8%. 

Estos son algunos de los datos que se extraen del  XII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022’, presentado hoy en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora el 17 de octubre. 

La presidenta de la EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió, Lola Fernández, urge a seguir mejorando la coordinación entre administraciones europea-estatal-autonómica-local y entre consellerias, y también de éstas con el Tercer Sector de Acción Social para optimizar las herramientas, estrategias y formas de trabajo en la lucha contra la pobreza. 

Lola Fernández defiende la utilidad del Estado de Bienestar: “Las políticas implementadas en el Escudo Social fueron muy importantes y controlaron el efecto del impacto social de la pandemia. Hay 300.000 personas más en riesgo de pobreza y exclusión en todo el Estado debido, en parte, a la pandemia, pero este incremento importante de la pobreza y/o exclusión no se acerca al previsto inicialmente por muchos indicadores que sin tener en cuenta la respuesta de las Administraciones auguraban un incremento de 1,5 millones de personas. El escudo social, esto es la respuesta de todos los niveles de las administraciones públicas desde la Unión Europea hasta la administración local, ha tenido como resultado un menor incremento de la tasa AROPE del esperado en España y en la C.Valenciana”.

“Muchos indicadores de la tasa AROPE han mejorado con respecto a 2015, sin embargo estamos todavía muy por debajo de las condiciones de vida de antes de la crisis económica de 2008, y a este ritmo de incremento de la tasa AROPE corremos el serio peligro de no llegar tampoco a los objetivos de la Agenda 2030 marcados por la Unión Europea” advierte la presidenta de la EAPN CV.

Instrumentos como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión han de coordinarse de la forma más eficaz posible y han de mejorar su gestión para llegar a todas las personas que en la C.Valenciana lo necesitan. Y señala que en este proceso de coordinación, también con las entidades de acción social, continúa habiendo mucho margen de mejora. 

La presidenta de la EAPN CV apunta que se ha de tener más ambición en la cobertura y más generosidad en las cuantías. “Estas ayudas -indica- deben sacar a todos los hogares de la pobreza severa, deben tener complementariedad con las rentas del trabajo y han de complementarse con ayudas para el acceso a la vivienda y a otros servicios. Actualmente más del 34% de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España están ocupadas; el empleo y los itinerarios de inserción están resolviendo sólo parcialmente la pobreza, por eso son muy necesarias las políticas que aseguran unas rentas mínimas”, ha advertido. 

Asimismo, ha hecho hincapié en que debe reducirse la burocratización, han de ser ayudas más eficaces y han de tener componente de lucha contra la brecha digital. Lola Fernández insiste en la necesaria armonización del trabajo de las entidades de acción social y los Servicios Sociales para optimizar los esfuerzos en materia de inclusión. .

Y concluye: “La pobreza es una decisión política. Hemos de establecer políticas a medio plazo para su erradicación, pero no podemos olvidarnos de la emergencia de muchas familias que necesitan una respuesta hoy. Hemos visto que el crecimiento del PIB y del empleo son importantes pero insuficientes, hay otras cuestiones que influyen en la reducción de la pobreza como son la redistribución de la riqueza, las políticas de empleo inclusivo, el salario y empleo decentes, servicios sociales de calidad, el reparto más igualitario de las recuperaciones tanto en términos de sexo como de territorios, una fiscalidad justa que haga factible la inversión social equitativa y un porcentaje significativo de los Fondos Europeos para combatir la pobreza y la exclusión social”. 

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