Sorribes: "Gallardón nos transporta a un nuevo retroceso social que supone el recorte en la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre su maternidad"
La secretaria de Igualdad de la dirección provincial del PSPV-PSOE de Castelló, Sol Sorribes, ha afirmado que las declaraciones del ministro Alberto Ruiz Gallardón sobre la reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción voluntaria del Embarazo, significa un retroceso que supone el recorte en la libertad de las mujeres en cuanto a decidir sobre su maternidad de forma consciente y responsable. "Un derecho básico que ha costado décadas conseguir y que es aceptado mayoritariamente por la ciudadanía, excepto por los grupos de la extrema derecha vinculados al Partido Popular".
Para Sorribes, las posiciones ultraconservadoras y la jerarquía eclesiástica, con Rouco Varela al frente, sostienen que el único modo de proteger el derecho a la vida pasa por la negación del derecho de las mujeres a disponer sobre su propia maternidad. Es a estas teorías a las que, por razones claramente ideológicas, se está sumando el actual Gobierno. Pero también en su propio provecho, puesto que pretende utilizarlas como cortina de humo para tapar el fracaso de una política económica nefasta y del desmantelamiento del Estado de Bienestar -que tanto costó construir- que está llevando a cabo, fundamentalmente de la educación, la sanidad y de la Ley de Dependencia.
La secretaria de Igualdad ha apuntado que "la propuesta del ministro pretende acabar no solo con la actual legislación, sino también con la anterior (violación y riesgo para la salud o vida de la gestante), abriendo así un camino que solo lleva a la prohibición de la IVE y a la criminalización de las mujeres. Supone, pues, un ataque frontal a los derechos de la mujer. La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho, no un “supuesto”, y el ejercicio de un derecho jamás puede ser castigado mediante el Código Penal".
La Ley 2/2010 reconoce la autonomía de las mujeres para decidir sobre su maternidad, así como la protección de la vida prenatal como bien jurídico, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo durante las 24 primeras semanas en aquellos casos en que un comité científico, después de las pruebas pertinentes, detecte “graves anomalías” o “una enfermedad extremadamente grave o incurable en el momento del diagnóstico”. Sorribes se cuestiona si es razonable condenar a criaturas que padecen patologías muy complejas, que necesitan cuidados y tratamientos constantes y caros, con graves secuelas, a soportar una vida en esas condiciones tal y como pretende la reforma anunciada, y si no se dan cuenta del sufrimiento que van a provocar en esas personas y en sus familias.
"¿Qué mujer no alegará riesgo psicológico grave para su salud y podrá, por tanto, acogerse a la Ley, si conoce que el feto que gesta padece anomalías graves? Solo que quizá no pueda saberlo si la sanidad pública no realiza gratuitamente las pruebas pertinentes durante los primeros meses de embarazo", insiste Sorribes.
