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Puig: “El PP en la Generalitat se ha gastado más en un fin de semana en el campo de golf de Fabra que en toda la política rural de la provincia de Castelló en todo un año”

Puig: “El PP en la Generalitat se ha gastado más en un fin de semana en el campo de golf de Fabra que en toda la política rural de la provincia de Castelló en todo un año” - (foto 1)
  • El cabeza de lista al Congreso contrasta el impulso de la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural con el abandono por parte de la Generalitat de las inversiones prometidas en el interior

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El cabeza de lista al Congreso por Castelló, Ximo Puig, ha afirmado hoy que “los socialistas somos los primeros con el medio rural y ha sido precisamente un gobierno socialista el que impulsó la ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural, el intento más serio que se ha hecho en este país para abordar el desarrollo armónico de las zonas rurales”. Así de contundente se ha pronunciando en el acto organizado por el responsable de Ideas y Programa y portavoz adjunto en la diputación, Josep Gisbert, en Cinctorres, esta mañana, donde una nutrida representación de cargos institucionales y orgánicos, así como miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado, han analizado en profundidad las propuestas socialistas. Puig ha recordado que el 80% de la población de Castelló viven en menos del 20% del territorio y por eso hay que hacer políticas encaminadas a combatir los desequilibrios. Por este motivo, ha denunciado que la Generalitat y la diputación se gasten más en un fin de semana en el campo de golf de Carlos Fabra que en toda la política rural de la provincia de Casteló”. Para Puig, “esta forma de hacer política ha provocado que haya una gran diferencia entre el interior y la costa y por eso tenemos que apostar por la ley de Desarrollo Rural”. Al que han asistido, además de Puig y Gisbert, Susana Ros, Antonia García Valls, Ernest Blanch, Adolf Sanmartín, Evaristo Martí y el propio alcalde de Cinctorres, Antonio Ripollés, entre otros.

Puig ha destacado “el enfoque de base territorial de la ley, que ha supuesto un gran avance y ha sentado las bases para abordar proyectos de desarrollo rural de manera integral, teniendo en cuenta los diferentes aspectos del mismo y colocando como protagonistas a sus gentes”. Pero la ley en sí no basta, y por eso, Puig apuesta por garantizar “su completo desarrollo, su cumplimiento por parte de todos los actores, y especialmente de las comunidades autónomas”. De hecho, ha insistido en que la Ley ha supuesto un hito en las políticas de desarrollo del mundo rural, pero “no ha sido aprovechado por la Generalitat Valenciana que cuando no se ha retrasado en presentar sus programas de desarrollo rural y sus planes de desarrollo de cada zona, ha invertido el dinero transferido por el ministerio en medidas no siempre prioritarias, siguiendo criterios partidistas y sin contar con los agentes del territorio”.

El también alcalde de Morella ha insistido en que “los socialistas de Castellón somos los primeros con el mundo rural de nuestra provincia. Hace un año presentamos nuestra declaración de les Useres con más de sesenta medidas para el medio rural y ahora queremos seguir en esa línea”. Por eso, “trabajaremos con Alfredo Pérez Rubalcaba para lograr el reconocimiento y prestigio de las actividades del sector primario, para conseguir que la formación adquirida en el ejercicio de la actividad, algo que no puede conseguirse con una formación reglada, adquiera el estatus de titularidad que merece”. Los socialistas también “lucharemos por una concentración a través de la potenciación del cooperativismo, defenderemos la calidad agroalimentaria vinculada a la calidad ambiental y a la biodiversidad, y estableceremos un control de precios para redistribuir los márgenes de beneficios y para evitar movimientos especulativos”. Puig ha avanzado que “apostamos por una Política Agraria Común que nos haga más fuertes, para que seamos competitivos y con futuro, porque lo que está haciendo el PP en la Generalitat, con competencias exclusivas en agricultura, está llevando a la ruina a todo el interior”.

Además, apunta Puig, “el Partido Popular ha incumplido constantemente sus promesas y anuncios con el interior. Nosotros tenemos el aval de haber hecho la ley más ambiciosa y realista con el mundo rural, y por eso nuestros compromisos, concretos y específicos, tienen la garantía de pronto serán una realidad”.

Además, ha destacado la necesidad de recuperar el tiempo perdido y activar un mundo rural que ha sido marginado por parte de la Generalitat y de la diputación durante estos 16 años, en los que “solo se ha apostado por la política del ladrillo en los municipios de la costa”. El resultado ha sido que el desarrollo de nuestra provincia ha seguido dos velocidades, y siempre en perjuicio del mundo rural, hasta el punto de que a pesar de que durante muchos años hemos sido considerados Objetivo 1 de la Unión Europea, los fondos recibidos no siempre han revertido en la mejora de vida, servicios e infraestructuras del mundo rural. Para reconducir esta situación y combatir la discriminación, los socialistas propusieron precisamente en la pasada campaña electoral, para los comicios autonómicos y municipales, la creación de la figura del “municipio rural”, que cuente con un Fondo Específico Extraordinario para compensar las dificultades en la prestación de servicios derivadas de la falta de dinámicas económicas del territorio, envejecimiento de la población o la conservación del patrimonio, entre otros.

Puig ha recordado que mientras el territorio rural de la Provincia de Castellón representa casi tres cuartas partes del total, las inversiones no alcanzan más que una tercera parte del presupuesto de la Generalitat. El pregonado Plan de Revitalización de las Comarcas de Interior 2004-2011, que debía tener un presupuesto de 7.343.542.887,48 euros “ha resultado una mentira más”, afirma. Todo ello ha llevado a una absoluta carencia de una estrategia global de desarrollo rural, limitándose a ejecutar algunos proyectos inconexos y descoordinados entre sí, que no han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos ni las expectativas de desarrollo de las comarcas de interior. Castellón cuenta con 135 municipios y una entidad local menor. De ellos sólo 25 superan los 5.000 habitantes, y de los 115 restantes, 90 tienen menos de 1.000 habitantes. De hecho, también ha aprovechado para recordar el compromiso de los socialistas en reinventar las diputaciones, para “que favorezca verdaderamente los intereses compartidos, fomente la intermunicipalidad y las relaciones de complementariedad con mancomunidades y asociaciones”.

Para conseguir una mayor cohesión territorial, económica y social en nuestra provincia, el cabeza de lista al Congreso apuesta por afrontar el desarrollo rural desde una visión integral, aplicando políticas de discriminación positiva que inviertan la tendencia y saquen a las comarcas rurales de Castellón de la posición de desventaja en la que se encuentran. “Queremos hacer de las zonas rurales un lugar más atractivo para vivir y trabajar en ellas, para ello tenemos que partir del hecho de que las mismas deben ser compensadas por todos los beneficios que producen al conjunto de la sociedad ( naturaleza, agua y aire limpios, retención de aguas, infiltración y recarga de acuíferos, productos sano…), y al mismo tiempo, dotarlas de los medios necesarios para facilitar su desarrollo endógeno”, apunta. Para Puig, la visión integral de su desarrollo ha sido la que ha pretendido darle la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la cual ha supuesto un hito en las políticas de desarrollo del mundo rural, “no aprovechado por la Generalitat Valenciana que cuando no se ha retrasado en presentar sus programas de desarrollo rural y sus planes de desarrollo de cada zona, ha invertido el transferido por el ministerio en medidas no siempre prioritarias, siguiendo criterios partidistas y sin contar con los agentes del territorio”.
En el programa electoral del PSOE se dedica un apartado especial en el que se destaca precisamente que la agricultura es de una importancia decisiva “en nuestro sistema productivo, no sólo por el empleo y la riqueza que generan, sino porque estructuran el territorio, fijan población, son difícilmente deslocalizables y constituyen una reserva de materias primas imprescindibles para la seguridad alimentaria de nuestro país.

Así, en un emergente escenario global de nuevas necesidades alimentarias, los países deben poner en marcha estrategias que anulen los riesgos que implican la dependencia de terceros en algo que afecta a las necesidades más básicas de la población. Los socialistas queremos que ésta sea la base de la negociación para el diseño de una nueva Política Agraria Común en la que España mantenga la participación en la asignación presupuestaria que históricamente ha tenido”. Para afrontar los retos que afronta el mundo rural, la agricultura, la ganadería y la pesca, los socialistas se comprometen en su programa electoral a:

- Defender en la Unión Europea una Política Agraria Común (PAC) fuerte que contribuya a los objetivos de la Europa 2020. Una PAC más simple, con una dotación financiera suficiente y asentada en sus tres instrumentos básicos: apoyo a las rentas, gestión de mercados y desarrollo rural.
- Aumentar reconocimiento y el prestigio de las actividades del sector primario. Los profesionales de este sector son verdaderos titulados que adquieren su formación en el ejercicio mismo de la actividad, imposible de sustituir por una formación académica reglada al uso, que sin embargo no ven reconocidos sus conocimientos profesionales en similares condiciones a las de la mayoría de los trabajadores.
- Queremos extender a estos trabajadores el modelo de titulación profesional por el ejercicio de la actividad que los socialistas hemos ido reconociendo a los trabajadores de algunos otros sectores.
- Fomentaremos la vertebración económica del sector productor, en particular mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de concentración de la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los productores en el mercado.
- Seguiremos apostando, como ya hemos hecho en los últimos años, por convertir a la pesca y la agricultura en sectores estratégicos para la cooperación al desarrollo.
- Habilitaremos nuevos instrumentos de control de los precios y de los mercados de alimentos, que contribuyan a evitar los movimientos especulativos y redistribuyan con equidad los márgenes de beneficios, así como a impulsar marcos internacionales de regulación y control, transparentes y efectivos.
- Vincularemos el concepto de calidad alimentaria a la calidad ambiental. La interdependencia (agricultura-ganadería-pesca) –(biodiversidad) como sello de garantía para el consumidor es un reto que deben afrontar las administraciones en nuestro país, para garantizar la imagen de nuestros sectores en el exterior, y evitar problemas de seguridad alimentaria.
- En un escenario global de incertidumbres, cada vez más se dirige la mirada al mar como un reservorio de recursos con capacidad para suplir las carencias que puedan sobrevenir de las deficiencias de gestión de los terrestres, pero debemos defender que los errores que la Humanidad ha cometido en tierra no se trasladen a los océanos. Es preciso definir con claridad en el seno de Naciones Unidas un concepto de ciudadanía oceánica universal que preserve las grandes áreas marinas, fuera de las aguas territoriales.
- Impulsar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la industria agroalimentaria y en las zonas regables de nuestro país, así como su adaptación a la normativa de emisiones que evite la deslocalización de una de las actividades más importantes de nuestro país.
- Activar la reforestación y la gestión forestal sostenible, para mejorar la situación de nuestros montes, reducir los factores que aumentan la probabilidad de incendios, y compatibilizar el uso de recursos forestales con su función ecológica.
- Promover, mediante el incentivo del uso de biomasa como fuente energética renovable y autóctona, la transformación de tierras no aprovechadas en agricultura para usos adecuados a estos fines y la activación de los mecanismos previstos en la Ley de Economía Sostenible.

 

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