El PSPV dice que la presencia de cuatro escoltas de Carlos Fabra en el juzgado es un ‘uso indecente’ de dinero público
El concejal y diputado socialista Juli Domingo pedirá la rescisión del convenio entre Ayuntamiento y Diputación por el que policías locales protegen al presidente del PP
“La declaración de Fabra ante el juez no era en su condición de presidente de la Diputación, sino a título personal, como ciudadano de a pie. La utilización de escoltas y coches oficiales sólo tiene explicación por la confusión permanente que Carlos Fabra ha hecho en los últimos 15 años entre lo público y lo privado, que es lo que le ha llevado, precisamente, a estar sentado en el banquillo”, afirma Domingo.
Además de los cuatro policías locales que prestan servicio de escolta a Fabra, hay que añadir el de Javier Moliner, que “se supone que acudió como adjunto a la presidencia del PP y no como vicealcalde de Castellón”. “Moliner se ha aprendido bien pronto la lección y ha empezado a comportarse como el sucesor de los mangoneos de Fabra, a quien está llamado a suceder por el sistema del dedazo”, afirma el concejal y diputado socialista.
“¿De quién había que proteger a Fabra, de la Justicia, de la prensa, de la ciudadanía?”, se pregunta Domingo, quien recuerda que “los polícías locales sólo están facultados a intervenir en la jurisdicción municipal, es decir, en la ciudad de Castellón”. Sin embargo, los policías locales que custodian a Fabra actúan por la provincia y la Comunitat Valenciana, e incluso por Madrid y otras ciudades europeas a las que Fabra se ha desplazado en función de su cargo.
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón anuncia que presentará una iniciativa para que se retire la escolta policial a Fabra. “El Ayuntamiento tiene que dar un ejemplo de ética a la ciudadanía", declara Domingo, quien manifiesta que "es incomprensible que policías que podrían estar en labores de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia estén dando protección a un político acusado de graves delitos de corrupción".
Domingo ha apuntado que “hay cargos políticos de rango similar al de Fabra en el ámbito de la Comunidad Valenciana que no cuentan con ningún tipo de servicio de escolta”. Además, señala que "debe ser el Ministerio de Interior, y no el Ayuntamiento ni la Diputación, el organismo que vele por la vigilancia y protección de los políticos si existe algún tipo de amenaza".
El Ayuntamiento y la Diputación provincial firmaron en 1995 un convenio por el que agentes de la Policía Local de Castellón prestan servicio de escolta del concejal de Castellón y presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Es la Institución provincial la que paga los gastos de la protección del dirigente del PP. Los policías adscritos a la Diputación dejan de realizar servicios policiales ordinarios en la ciudad de Castellón y se limitan a dar vigilancia al líder del PP.
