El PSPV denuncia que el “decretazo” de Rajoy sobre el Dominio Público Hidráulico pone en peligro el desarrollo económico de los pueblos de la provincia
El subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Francesc Signes, ha informado a un grupo de alcaldes y portavoces socialistas de la provincia de Castellón, de la decisión de la Generalitat Valenciana de interponer un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto del Gobierno de Rajoy que modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 1986. El Consell adopta esta decisión para defender a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, ante la invasión de competencias que supone la entrada en vigor del mencionado Real Decreto.
Y es que con el nuevo Reglamento, que fue publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre de 2016, los ayuntamientos han visto seriamente mermadas sus competencias urbanísticas. La nueva realidad legal impone tantas restricciones, que prácticamente no podrán conceder licencias dentro de los 100 metros de distancia horizontal en relación con los límites de los barrancos, ríos o zonas inundables. No se podrá dar licencia ni siquiera en los terrenos que tengan la consideración de urbanos o urbanizables que no estén íntegramente urbanizados si encuentren dentro de esos 100 metros horizontales, aunque se trate de proyectos que dispongan de un programa y un planeamiento.
Los alcaldes y portavoces socialistas han mostrado su total rechazo al Real Decreto y la preocupación que les crea la nueva situación, que creen que puede estrangular el desarrollo económico de sus localidades porque los ayuntamientos se verán obligados a denegar la licencia de actividad a proyectos que podrían generar mucha riqueza y puestos de trabajo.
Los alcaldes y portavoces del PSPV consideran positivo que la administración adopte las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las personas y los bienes en casos de episodios de lluvias torrenciales, pero creen que el Real Decreto del Gobierno de Rajoy ha sido redactado en despachos de Madrid por personas que desconocen por completo la realidad orográfica de la Comunidad Valenciana. Y lo que es más grave, sin consenso de ningún tipo, sin consultar a los ayuntamientos.
Idéntica opinión tiene el subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Francesc Signes, quien considera que lo lógico es que el gobierno central respete lo que dice el Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), que recoge una regulación mucho más detallada y adecuada a nuestra realidad territorial.
Signes denuncia que la modificación del Reglamento de 1986 realizada por Rajoy “con oscurantismo y sin consultar a los ayuntamientos, tiene una incidencia real sobre las clasificaciones urbanísticas del suelo por parte de los ayuntamientos mucho más elevada que las de cualquiera de los instrumentos de ordenación territorial que ha venido tramitando el Govern valencià, ya sea el PATRICOVA, el PATIVEL u otros”. Según ha explicado, “el decreto de Rajoy puede suponer la desclasificación de facto de muchos terrenos de los ayuntamientos que ahora están clasificados en los planeamientos urbanísticos en vigor como urbanos o urbanizables, que no estén urbanizados íntegramente”. Una situación que si no se modifica, “será un duro golpe para el desarrollo urbanístico, económico y social de muchos municipios que en la Generalitat ni podemos, ni queremos, consentir”. El subsecretario anuncia además que, como serán muchos y muy importantes los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana afectados por este decretazo, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, “les prestará la orientación que necesiten para poder salir de este lío en el que les ha metido el Gobierno de España del Partido Popular”.
