El PPCS muestra su apoyo a las familias en la defensa de la libertad educativa frente a las imposiciones
El Partido Popular de Castellón ha manifestado hoy su apoyo a todas las familias de la provincia en la defensa de la libertad y respeto a la hora de elegir un sistema educativo. En este sentido, la coordinadora de acción política del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, ha instado al bipartito que gobierna la Generalitat “a respetar la Ley y a dejar de intentar manipular a través de la educación a os ciudadanos, buscando confrontaciones para dividir a la sociedad”.
Vicente-Ruiz ha señalado que “desde el respeto total a la elección de cada unidad familiar, a la libertad y a la Ley, los políticos debemos estar para conseguir acuerdos y que la sociedad avance, no buscar enfrentamientos gratuitos e imposiciones”.
De hecho, el PP ha recordado que la Religión forma parte del currículo escolar por lo que “en primer lugar se debe respetar la Ley” y, en segundo término “desde la libertad de decisión de cada familia, se debe respetar la opción particular de cada familia a la hora de elegir un modelo educativo”.
Para la coordinadora de acción política del PP, “parece que la izquierda se ha empeñado en eliminar todo aquello que no puede manipular” y que su único objetivo es “limitar los derechos y libertades buscando el enfrentamiento y el retroceso”.
En este sentido, Vicente-Ruiz considera que “hoy en día, ante una nueva realidad, también las familias han cambiado y desde la administración se debe garantizar que se respete el derecho de cada familia a elegir”.
Lo mismo sucede con el distrito único que el nuevo conseller Marzà quiere eliminar, pese a ser una medida acordada con los padres y que surgió por petición de las propias familias. “Que unos progenitores puedan escoger a qué centro educativo público de una misma ciudad llevan a sus hijos es todo un avance”.
De ahí que el PP señale que “estaremos al lado de los que luchan por la libertad” y “de aquellos padres que ven limitados sus derechos por un discurso revanchista y rancio para la actual sociedad” ya que “querer eliminar el aprendizaje del castellano, rescindir libertades o imponer que alguien no pueda cursar la asignatura optativa de Religión es, simplemente, restar derechos y no favorecer a nadie”.
