El presidente de AFA Castellón y CEAFA urge al Estado y las Comunidades Autónomas a aparcar sus diferencias para tomar medidas urgentes a favor de los dependientes
Marmaneu realiza un desglose de su solicitud en diez puntos que considera básicos para garantizar la correcta atención a las personas en situación de dependencia.
En primer lugar solicita “que se lleve a cabo una revisión en profundidad del baremo de valoración de dependencia para dar una mayor dimensión a los factores, no solamente físicos, e incorporar a aquellos vinculados con las demencias”. En segundo lugar añade, “consideramos necesario que los equipos de valoración reciban una formación específica para ser capaces de enfrentarse a los procesos de valoración”. En el tercer punto solicita “facilitar los trámites de solicitud, minimizando la burocracia y reduciendo los plazos de resolución”. La cuarta medida pasa por “mejorar los procesos de seguimiento de la Ley y que las revisiones se hagan cada tres meses y no cada año porque las capacidades pueden disminuir en un tiempo inferior”. Así, en quinto lugar, Marmaneu entiende que “es urgente hacer una mayor inversión para dotar de recursos al sistema como contempla la Ley”. El sexto punto pide “facilitar el reconocimiento del derecho de libertad de elección a la persona dependiente o a la que asuma el cuidado y evitar así la picaresca que se produce en la percepción de las dotaciones económicas”. En octavo y noveno puesto se urge “a las Administraciones garantizar la financiación para hacer del Sistema una herramienta sostenible en el tiempo y recordamos que el Co-pago no debe ser obstáculo a la hora de garantizar a cualquier beneficiario el acceso a los recursos que precisa”. Para finalizar Marmaneu pide “actualizar el número de dependientes” porque considera que las cifras oficiales “se sitúan muy por debajo de la realidad”.
Marmaneu aprovecha la ocasión para recordar que las asociaciones llamadas el “Tercer Sector” constituyen un referente que debe ser aprovechado y hace especial hincapié en la necesidad de que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas hagan un ejercicio de responsabilidad y madurez para aparcar las diferencias políticas que en estos tres años se han convertido en un verdadero lastre para impulsar los recursos, servicios y prestaciones de las que precisan un importante número de personas para vivir con calidad y dignidad, dada su condición de dependientes.
