Sixto denuncia la saturación de las oficinas del DNI de Castelló
El diputado d'EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, ha denunciado la falta de voluntad del Gobierno central para dar una verdadera solución a los problemas de personal que padecen las oficinas de renovación del DNI y Pasaporte de Castelló, Vinaròs y Vila-real. Tras la denuncia planteada por EUPV y ERPV en esta comarca, Sixto planteó una pregunta a la Mesa del Congreso cuya respuesta confirma lo que padecen estos municipios que, como en otras muchas dependencias del Estado, se encuentran saturadas de trabajo por la imposibilidad de contratar más personal por la denominada Ley Montoro.
"El propio Gobierno afirma que las limitaciones de personal siguen condicionando la prestación del servicio en Castelló de la Plana y Vila-real, aunque añade que se han reducido los tiempos de espera de la cita previa gracias a las medidas de incremento de productividad del personal existente", ha explicado el diputado, quien ha añadido que "empieza a ser práctica habitual por parte de las oficinas dependientes del Estado el instar al personal funcionario a realizar horas extras, algo en lo que estamos totalmente en contra y hemos denunciado en numerosas ocasiones".
Además, en la misma respuesta el Gobierno central indica que "con el fin de mejorar la atención de los núcleos de cobertura del DNI Rural, se ha puesto en marcha un plan de refuerzo por el cual el equipo móvil del DNI de Valencia se desplazará a dar servicio a los municipios del sur de Castelló y éste se hará cargo de la parte oeste y noroeste de la provincia, mientras que la parte oriental del Bajo Maestrazgo queda atendida por la oficina de Vinaròs".
"¿Una unidad móvil es la solución que se da a carencia de efectivos y recursos humanos en tres oficinas de la provincia de Castelló? Si se envía el equipo móvil del DNI de València a Castelló, ¿cómo se cubren las necesidades de la propia provincia de València?", se ha preguntado Ricardo Sixto, quien ha insistido que "son simples parches para evitar afrontar una verdadera solución que sería la dotación de nuevos funcionarios, salida imposible de poner en marcha por la propia Ley Montoro que impide la contratación del personal necesario".
Por su parte, Josep Barberá, presidente de ERPV, ha asegurado que la Ley Montoro "acaba yendo en contra de los derechos de la ciudadanía a tener unos servicios públicos en condiciones. La imposibilidad de contratar personal atrasa trámites y la prestación de servicios hasta límites extenuantes. No puede ser que sigamos siendo una de las comunidades autónomas con menos tasa de funcionarios por habitante. Una vez más el Estado español nos legisla a la contra convirtiéndonos en ciudadanos y ciudadanas de segunda".
En definitiva, -ha apuntado el dirigente de la formación de izquierdas- "la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 supone una asfixia competencial y financiera para los municipios y para las oficinas dependientes del Estado y, por ello, aunque el Gobierno ha aprobado una oferta extraordinaria de empleo público, mucho nos tememos que el personal destinado a estas oficinas no sea suficiente".
