Barrachina: “La petición de Fiscalía demuestra que hay muchas dudas sobre la tramitación socialista de Castor”
El secretario general del Partido Popular de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, ha realizado declaraciones sobre la petición de la Fiscalía Provincial de Castellón en la que denunciará ante el juzgado decano de Vinaròs a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
“La petición de Fiscalía demuestra que hay muchas dudas sobre la tramitación de los permisos del proyecto Castor que realizó el gobierno socialista. Ya el propio Gobierno de España poco después de tomar posesión Rajoy reclamó ante el Supremo la supuesta irregularidad los tramites”, ha destacado.
“La irregularidad de dos tramites concretos, por un lado el Consejo de Ministros por el que se aceptaba unos Estudios de Impacto Ambiental que habían omitido los estudios sísmicos. Por otro, la clausula abusiva por la que funcionase o no funcionase el proyecto habría que indemnizar”.
Barrachina ha criticado que “el PSPV ha llegado al limite del absurdo: se posicionan en contra de lo que ellos mismos aprobaron en Consejo de Ministros. Y celebramos que la Justicia actué contra, no solo los responsables técnicos, sino los políticos”.
Concretamente la denuncia se dirigirá contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la época de Zapatero de la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.
Cabe recordar que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era competencia exclusiva del Gobierno Central, fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narvona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente. Ya las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 1º de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.
