Compromís pregunta al Consell por la rebaja de la protección del Parque Natural de la Sierra de Espadà
Ponce presenta una batería con 21 pregunta parlamentarias
El diputado autonómico de Compromís, Juan Ponce, ha presentado 21 preguntas escritas al Consell para que expliquen los motivos por los cuales han reducido la protección medioambiental de Parque Natural de la Sierra de Espadà, y concretamente si esta medida guarda alguna relación la desprotección de las 70.000 ha. con proyectos como el campo de tiro de Higueras.
Según ha expuesto Ponce, la Consellería de Medio ambiente está ultimando un plan para rebajar la protección del Parque Natural de la Sierra de Espadà con objeto de abrir la posibilidad de nuevos negocios, una medida que implicaría quitar el blindaje ecológico a unas 70.000 ha. de las 102.000 protegidas en el PORN (Pla de Ordenación de Recursos Naturales). Esta medida se ampararía en las modificaciones aprobadas dentro de la ley 5/2013, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. La normativa contempla la modificación otras leyes ambientales como la Ley de Residuos, la Ley de Caza o la Ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Esta última puede reducir la protección del ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del paraje o eliminar las zonas de amortiguación de impactos y las zonas de influencia socioeconómica de los parques, dejando sin protección miles de hectáreas.
Ponce ha querido saber en qué situación medioambiental quedan los municipios situados dentro de los límites del parque, como Azuébar, Chóvar, Aín, Alcudia de Veo, Almedíjar, Algímia de Almonacid, Alfondeguilla, Artana, Ayódar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Matet, Pavías, Sueras, Tales, Torralba del Pinar, Vall d´Almonacid y Villamalur y si se ha hablado con estos municipios para informarlos.
Desde Compromís se ha defendido que la delimitación y catalogación de ciertas zonas como protegidas por su valor natural tendría que suponer siempre una fuente de riqueza para los municipios, y no un impedimento, pero siempre que las actividades que se desarrollan sean respetuosas y sensatas con el valor protegido; ahora, las pretensiones del Consell se prevén justamente en sentido contrario.
