El PSPV pedirá los recursos técnicos necesarios para que los ayuntamientos dispongan de una normativa que prohíba el fracking
El Grupo Socialista en la Diputación de Castelló ha presentado una moción para su debate y aprobación en el próximo pleno que insta a la Institución Provincial a aportar recursos y a realizar un plan de acción normativa con tal de que todos los ayuntamientos que lo deseen puedan disponer de Planes Generales de Ordenación Urbana, de normativa urbanística efectiva, ordenanzas o cualquier otro elemento normativo o informe que permita la prohibición de la posible práctica y la protección de los términos municipales frente la fractura hidráulica. El secretario general provincial del PSPV de Castelló y portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha manifestado que, tras la aprobación de legislación estatal que permite el uso del fracking y las declaraciones de responsables autonómicos sobre la posibilidad de conceder los permisos a Montero Energy, “a la Diputación le corresponde dar cobertura a nuestros municipios con el objetivo de que se habiliten mecanismos concretos, como cambios en los PGOU, normas subsidiarias, ordenanzas u otras normativas municipales dirigidas a impedir que se lleven a cabo extracciones para obtener gas a través del fracking en las localidades afectadas”. Al respecto, Colomer ha insistido en que “para nuestros municipios es muy útil el papel de la Diputación a la hora de coordinar acciones que puedan aprovechar distintos consistorios, ya que la institución provincial ya dispone del elemento humano como es el personal jurídico, medioambiental y de urbanismo, y de partidas en el presupuesto para asistir técnicamente a los municipios”.
Por este motivo, los socialistas solicitan a la diputación que, en virtud de los principios de actuación subsidiaria y de apoyo del ayuntamiento de ayuntamientos a los municipios, ponga al abasto de las corporaciones locales que lo pidan el apoyo técnico, los recursos y los mecanismos previstos con el fin de asegurar la protección máxima de sus términos municipales ante la posibilidad de que se puedan producir actividades nocivas y con grandes consecuencias medioambientales, geológicas, de salud pública y de seguridad.
