El Decano, Antonio Esteban, urge una reforma legal para hacer frente al problema de los desahucios
El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón ha acogido hoy la promesa o juramento de 50 nuevos abogados ante el Decano y Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Abogados de Castellón así como el reconocimiento a los colegiados José Luís Llau Mateu, Vicente Felis Monfort, y Manuel Breva Ferrer por su cincuenta aniversario como colegiados. Además, los alumnos de la 14ª Promoción de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón han recibido sus diplomas de la mano del Decano, Antonio Esteban Estevan.
En su intervención de bienvenida a los nuevos letrados, el Decano del Colegio de Abogados de Castellón, Antonio Esteban, ha resaltado “el escenario difícil y socialmente dramático” que a día de hoy van a encontrar los nuevos profesionales y ha hecho especial mención a la situación en la que se encuentran decenas de miles de familias que están en grave riesgo de perder, si no han perdido ya, su vivienda habitual. “No solo pierden sus viviendas sino que además ni siquiera quedan liberadas de sus deudas. Todo ello en estricta aplicación de la legalidad y procedimientos vigentes cuyas perversas consecuencias no puede entender la ciudadanía, máxime cuando sus beneficiarios son los considerados responsables directos de la situación creada, bancos y cajas, cuyo saneamiento generales se está llevando a cabo a costa de todos”.
Por ello, el Decano ha urgido la aprobación de las reformas legales “necesarias en orden a la reconducción del gravísimo problema social sobrevenido dando un tratamiento razonable y más equilibrado a la posición y derechos contractuales y procesales de las partes, ahora manifiestamente favorable a las entidades de crédito, al menos en los préstamos garantizados con hipoteca sobre la vivienda habitual, como así demanda la sociedad”. A lo que ha agregado que “en la medida en que su aplicación no sea posible a los préstamos hipotecarios ya concedidos y ejecuciones en curso debería resolverse el problema políticamente, mediante acuerdos con las entidades de crédito.” En este sentido ha puntualizado que la resolución del problema debe hacerse en términos y con alcance "forzosamente muy distintos" a los previstos en el Código de Buenas Prácticas, anexado al Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios Sin Recursos, "cuyo limitado ámbito de aplicación, a tan solo los deudores situados en el umbral de exclusión, ha hecho que su incidencia haya sido aparentemente nula". Antonio Esteban confía en una respuesta legal adecuada a este problema tras la “voluntad” de negociación entre Gobierno y oposición “ante el clamor social levantado”.
El Decano ha explicado además que ante estas circunstancias y “la situación de desamparo en que se encuentran estos ciudadanos” el Colegio de Abogados de Castellón “por su compromiso con la ciudadanía y sentido de la responsabilidad social” ha establecido convenios de colaboración con distintos ayuntamientos, como los de Castellón y Vinaròs, para ofrecer un servicio gratuito para asesorar a los ciudadanos que no puedan hacer frente a sus préstamos.
Tasas judiciales
Por otro lado, el Decano de los abogados de Castellón también ha mencionado la incorporación de nuevas tasas al sistema judicial. “Es necesario y es tiempo ya de un decidido cambio de prioridades políticas y que, por fin, se asuma el hecho de que la Justicia es junto a la Sanidad, la Educación y la Seguridad un servicio público esencial. Reiteramos nuestro total rechazo a la incorporación de nuevas tasas judiciales y por ello el lunes nos concentraremos ante las sedes judiciales.”
“La generalización de las tasas afecta a los derechos fundamentales de acceso a la Jurisdicción ya los recursos e impide o dificulta el normal ejercicio de los mismos. El proyecto de Ley de Tasas viene a consagrar una Justicia para ricos y otra para pobres”. A lo que el Decano ha agregado que “si la finalidad es disuasoria hemos de insistir en que la solución a los problemas de sobrecarga y congestionamiento de los Juzgados no puede pasar por la imposición de tasas y recortes de los derechos a los ciudadanos sino en el incremento de las partidas presupuestarias. El derecho a la Defensa resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y no puede quedar al nivel ni a resultas de tasa alguna.”
