Moliner suma el respaldo de PSOE y BLOC a su defensa de los agricultores provinciales y a la continuidad de la Aduana en el Puerto

El Pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos políticos, las mociones que proponen que los servicios de Aduana se mantengan en el Puerto de Castellón, así como la propuesta al Parlamento Europeo para que exija las mismas condiciones de producción a los alimentos procedentes de países terceros para su comercialización en Europa, que a los obtenidos en los Estados Miembros.

De este modo, la corporación provincial ha acordado proponer, a la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea (SANCO), medidas y mecanismos efectivos de control en la entrada de productos a la Unión Europea, cumpliendo el principio de reciprocidad basado en el cumplimiento de las exigencias medioambientales y de salud pública impuestas a los agricultores europeos.

Esta actuación viene marcada por el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, del pasado 16 de febrero, sobre la liberalización recíproca del comercio de productos agrícolas y pesqueros. "Se trata de una noticia nefasta para el campo español y valenciano ya que consolida una situación de competencia desleal por parte de las producciones marroquíes", ha explicado el diputado de Desarrollo Rural, Domingo Giner, quien ha añadido que "es injusto que se exija a los productores valencianos el cumplimiento de una normativa comunitaria cada vez más estricta y que permita la entrada en el mercado europeo de productos agrícolas sin estas mismas normas".

Por otro lado, en la misma línea de defender los intereses comerciales de Castellón y la competitividad de las empresas, todos los grupos políticos han respaldado la moción del grupo popular de la Diputación que defiende, ante el Ministerio de Hacienda, que los servicios de la Aduana se mantengan en el Puerto de Castellón. "Trasladarla, como propone la Agencia Tributaria de Castellón, seria un grave paso atrás. Nuestra obligación es poner traviesas en las vías para avanzar, no barreras que impidan el progreso", ha destacado Javier Moliner.

Asimismo, la Confederación de Empresarios de Castellón considera que el Grao es el lugar óptimo para la labor inspectora y los trámites administrativos que llevan a cabo las empresas que tienen su sede en el distrito marítimo donde prestan sus servicios con las máximas garantías de eficacia, calidad y competitividad.

5,5 millones para los Poys
Otro de los puntos destacables de la sesión plenaria ha sido la aprobación por unanimidad de la partida presupuestaria de 4,2 millones de euros para garantizar una inversión de 5,5 millones para obras de reforma en pequeños municipios. Se trata de una inversión, enmarcada dentro de los Planes Provinciales de Obras y Servicios (Poys). Esto permitirá a las empresas locales acometer un total de 218 obras en municipios menores de 5.000 habitantes.

Cabe recordar que desde 2012 la Diputación, además de subvencionar el 80% de los Poys, asume íntegramente la redacción de los proyectos de obra de los municipios de menos de 5.000 habitantes y asesora técnicamente a todo el que lo pida gracias a la labor de los técnicos provinciales. Tanto es así que durante este año 128 ayuntamientos han solicitado asesoramiento, gracias al cual se van a ahorrar un millón de euros.

En total han solicitado Poys 53 ayuntamientos, 24 de ellos de entre 500 y 1.000 habitantes, 17 ayuntamientos de entre 1.000 y 2.000 vecinos y otros 12 de entre 2.000 y 5.000 habitantes. Además, también lo han pedido y se le ha concedido a tres mancomunidades, con una inversión cercana a los 90.000 euros.

Para los municipios menores de 500 habitantes, y sus pedanías, incluidos en el Plan de Ayudas a las Infraestructuras Municipales, se subvenciona el 95% sobre un presupuesto máximo de la obra de 20.000 euros, por lo que se subvencionan 19.000 euros por obra, en este caso estamos hablando de ayudas para acometer 165 obras entre todos estos ayuntamientos.

Por último, los tres grupos políticos han decidido rescindir el contrato del servicio de gestión y tratamiento de neumáticos usados de la provincia de Castellón, que prestaba la empresa 'EMA Construcciones y Medio Ambiente, SL' en las instalaciones de Vall d'Alba, por incumplimiento de las obligaciones esenciales en relación al mantenimiento y conservación de las infraestructuras, como así lo corrobora el informe emitido por la Fundación Universidad Empresa.

Además, cabe sumar la frustración de las expectativas de la Diputación, en lo que se refiere a la recuperación de los bienes y derechos afectos a la concesión, al haberse declarado en concurso de acreedores la empresa citada. Así, el servicio de gestión de neumáticos usados en la provincia de Castellón lo seguirá prestando en la empresa Signus, como llevaba haciendo últimamente.